La eléctrica cree que la sanción no tiene ningún sustento legalmadrid. El Gobierno de Nicaragua impuso ayer a Unión Fenosa una multa de 1,86 millones de euros por negarse a reconocer la tramitación y la resolución de los casos por la reclamación de los servicios de energía eléctrica que emitiera la Dirección de Defensa del Consumidor.El director de esta institución, Antonio Rodríguez, dependiente del ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) insistió, según recoge el periódico nicaragüense 'Nuevo Diario', en que estos son "actos jurídicos regulados por la Ley 182 -de Defensa de los Consumidores- los realizados entre dos partes que intervienen en una transacción de carácter de proveedor y consumidor, y se incluyen servicios tales como el suministro eléctrico". Por su parte, la empresa considera que tras entrar en vigor la Ley de la Industria eléctrica en 1998, la DDC no es competente para resolver las reclamaciones de los clientes de Unión Fenosa. Por eso, dijo Rodríguez, las distribuidoras Disnorte y Dissur ordenaron a sus oficinas comerciales que no reconocieran las resoluciones de la oficina del consumidor. El portavoz de Unión Fenosa en Nicaragua, Jorge Katín, dijo que la multa no tiene "ningún sustento legal", pues según sostiene la compañía el artículo 133 de la Ley 272 establece que con la apelación al Instituto Nicaragüense de Energía, ente regulador, finaliza toda vía administrativa.