El primer ministro luso niega que haya "atropellado los derechos de los accionistas"bruselas / madrid. Telefónica confía en que la presión internacional resulte determinante en la venta del operador brasileño Vivo, vetada el pasado miércoles por el Gobierno luso en la junta de accionistas de Portugal Telecom (PT). El país vecino está en la picota internacional por el uso de la acción de oro, vestigio público que será declarado ilegal por el Tribunal Europeo de Justicia el próximo 8 de julio. Hasta esa fecha, el grupo español no moverá un dedo. Confía en que el éxito es cuestión de tiempo. Simplemente, dejará que las reacciones políticas y empresariales amilanen a PT. En el pecado deberá ir la penitencia, interpretan en el entorno de Telefónica, esperanzados en que se reconduzca la situación antes del 16 de julio, fecha en la que vence la oferta aprobada en la junta de accionistas de PT, es decir, un total de 7.150 millones de euros por el 30 por ciento del capital que PT atesora en Brasilcel, sociedad propietaria de Vivo. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, midió ayer muy bien sus palabras para eludir la confrontación con el Ejecutivo portugués. En su opinión, el enfrentamiento deberá resolverse entre ambas compañías a través "del diálogo", dijo. Sócrates se reafirma en el veto José Sócrates, primer ministro portugués, reiteró a través de un artículo publicado en el diario lisboeta Público que su "Gobierno hizo lo que debía para defender los intereses de Portugal y de Portugal Telecom". Lejos de mostrar su pesar por el escarnio público generado en Europa por la imposición de un derecho en vías de extinción, el mandatario se reafirmó en aprovechar los recursos a su alcance para defender los intereses de los ciudadanos. Sócrates explicó que al Estado portugués "no le compete defender a las empresas españolas, ni los intereses financieros a corto plazo, sino los intereses estratégicos del país". También negó que se hayan "atropellado los derechos legítimos de otros accionistas". La Comisión Europea reiteró su posición de dejar madurar la situación durante una semana antes de intervenir. El conservador francés Michel Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, reiteró que las acciones de oro son "restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales". Y recordó que por este motivo sus antecesores en Bruselas expedientaron a Portugal en 2005 y la denunciaron en 2008 ante el Tribunal de la UE. La sentencia está prevista para el próximo día 8 de julio y, dada su inmediatez, Bruselas esperará a analizarla antes de tomar medidas. Así previene una posible acusación de presionar a los jueces comunitarios, máxime cuando la sentencia previsiblemente confirmará la abundante jurisprudencia comunitaria contra las golden shares. Una intervención de Bruselas podría desembocar en años de batalla legal e incertidumbre. Así que, de momento, la opción es mantener la presión política y mediática, con la esperanza de que Lisboa cambie de posición para evitar dar una mala imagen de Gobierno intervencionista y poco de fiar, ante unos mercados que en la crisis actual ya lo tienen etiquetado como un Estado al borde de la quiebra. Vista la volatilidad actual de los mercados internacionales, sería muy negativo para Portugal que se propagara a lo ancho y largo del planeta la imagen de que su Gobierno impide que los accionistas de empresas como Portugal Telecom se embolsen ofertas tan atractivas como la de Telefónica por Vivo.