Desembarcar en un país cuyo Gobierno no cree en el libre mercado ni en el mercado supuestamente único europeo equivale a darse de cabeza contra la pared. Telefónica sufre en Portugal lo que durante diez años han sufrido en España los grupos energéticos extranjeros. Y la Comisión Europea carece de poder para actuar con agilidad. Cuando la pelea legal quede resuelta en Bruselas, la empresarial puede haber pasado a la historia. Lisboa, a base de perder tiempo en los sinuosos trámites de los eurócratas, puede desesperar a Telefónica y quedar impune. Las instituciones comunitarias sólo tienen el poder que les otorgan los Estados. Portugal aún tiene acciones de oro específicas para torpedear la entrada de extranjeros en su teleco PT, y en sus energéticas EDP y Galp. Y esas tres acciones de oro siguen en pie pese a que el Tribunal de Justicia de la UE tumbó en junio de 2002 la acción de oro general sobre el conjunto de las empresas lusas privatizadas. El 8 de julio llega la sentencia que presumiblemente tumbará la golden share sobre PT. Para las otras dos aún no hay fecha, y el Tribunal comunitario se va de vacaciones el 15 de julio. Bruselas deberá conceder unos meses a Lisboa para cambiar su legislación y eliminar esta traba proteccionista. Pero si Portugal no acata la sentencia, para multarla tendría que volver a expedientarla y volver a acudir al Tribunal de la UE. La reciente reforma de los Tratados podría acortar el trámite pero, aún así, el verbo agilizar es difícilmente conjugable en la UE. Los Gobiernos de Aznar y Zapatero maniobraron cuanto pudieron para mantener su acción de oro, ilegalizada en 2003 por la UE. Rato la sustituyó en el arsenal patrio con una ley sobre el sector energético, contra la que la UE no dictó sentencia hasta 2008. En 2005 comenzó la batalla por Endesa: el Gobierno ingenió otra fórmula para zacandillear a la alemana E.ON y el caso no lo zanjó la justicia europea hasta hace un mes. E.ON se había conformado mucho antes con las migajas.