Reducir el consumo energético no sólo se traduce en un ahorro en la factura eléctrica y en beneficios para el medio ambiente. También es una oportunidad de negocio que implica una reorientación del sector inmobiliario y la creación de empleo. El sector de los servicios energéticos calienta motores ante los planes europeos y nacionales de ahorro energético. Por M.F.L a directiva europea de eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos intentan rescatar una práctica muy útil en tiempos de crisis: promover servicios y auditorías energéticas y medidas de mejora de la eficiencia. En esta línea, el pasado mes de diciembre, el IDAE puso en marcha una experiencia piloto para que 330 edificios de la Administración General del Estado -con más de 30.000 metros y una factura energética que ronda los 400.000 euros al año- reduzcan su consumo de energía en un 20 por ciento hasta 2016. El modelo diseñado por el Ministerio de Industria para la contratación de las empresas de servicios energéticos por parte del sector público está redibujando el mapa empresarial del sector en nuestro país. Con una inversión de 2.350 millones de euros a través de contratos con empresas de servicios energéticos (ESE), y financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), está previsto que genere cerca de 50.000 empleos directos e indirectos, además reducir en 254.000 toneladas las emisiones contaminantes y la factura energética en más de 500 millones de euros. El primero de estos contratos acaba de ser autorizado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el pasado 3 de junio: la sede del propio Ministerio en la plaza de Cuzco, en Madrid, por una cuantía de licitación máxima de 2,9 millones de euros que implica la gestión de su mantenimiento durante veinte años. El objetivo: alcanzar un ahorro energético del 10 por ciento y reducir las emisiones de CO2 en un 13 por ciento como mínimo, hasta alcanzar la categoría C -que evalúa la ecoeficiencia de las instalaciones- desde la F actual. Pero es más que un contrato. La experiencia piloto servirá de trampolín para el resto de edificios que serán sacados a concurso -desde sedes centrales y organismos dependientes, pasando por centros penitenciarios, aeropuertos, estaciones y bases militares-, y que en la práctica supone poner en manos privadas la gestión de la factura y el mantenimiento energéticos de las instalaciones públicas. Alianzas por los contratos Constructoras, empresas de energía y grupos de servicios están estableciendo alianzas para pujar por los contratos. Tras una primera criba, las aspirantes son Dalkia, filial de Veolia, aliada con Ferroser, filial de servicios de Ferrovial; Clece, filial de ACS, en alianza con Gas Natural Fenosa; y Acciona, que se presenta sola a la puja. El plan forma parte del paquete de medidas para mejorar la eficiencia energética adoptada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, e implica el apoyo a un sector que calienta motores en nuestro país: las empresas de servicios energéticos (ESE), una actividad empresarial con mucho rodaje en países como Alemania, Francia, Reino Unido, Australia y Estados Unidos, y que en España, a falta de cifras concretas, cuenta con un potencial de negocio que ronda los 3.000 millones de euros, según la Asociación Empresarial de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI), la patronal del sector. En la actualidad, es la Administración, que dispone de las mayores instalaciones, la que absorbe la mayor parte de la actividad de las ESE; y también la que concentra mayor potencial de crecimiento, especialmente a nivel local. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha hecho de este sector su bandera, como posible catalizador para la reconversión del sector inmobiliario, amortiguando la caída de empleo. El Gobierno garantiza su seguridad jurídica y ofrece facilidades a través del ICO, que ha dispuesto una partida de 60 millones de euros, y de los incentivos del IDEA, con su línea de financiación específica. Pero el trabajo de una ESE implica cambios en ese modelo, al asumir -total o parcialmente- la financiación de los trabajos de adecuación de los edificios a la normativa europea. Las ESE que operan en España tienen previsto invertir unos 5.000 millones de euros en este tipo de proyectos, en un plazo que oscila entre los seis meses y los dos años, inversiones que están sujetas al futuro desarrollo del Plan Nacional de Activación de la Eficiencia Energética (PNAEE) elaborado por el Gobierno. En la actualidad, sólo la gran industria, o sectores específicos como el cementero, han implantado de forma sistemática medidas de eficiencia energética. "La energía en España es barata", afirma Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI).