Presentan concurso de acreedores voluntario para facilitar una reestructuración ordenada madrid. Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán no harán caja con la venta de Viajes Marsans y la sociedad instrumental Teinver a Posibilitum Business. El valor final de la transacción, cifrada en 600 millones de euros, se corresponde en la realidad con la deuda acumulada durante los últimos años por las más de cincuenta compañías del grupo turístico que, en parte o totalmente, han pasado a manos de su nuevo propietario, el empresario levantino Ángel Cabo, especializado en la adquisición y gestión de activos de elevado riesgo. La operación mantiene ciertos paralelismos con el desenlace de Marsans Francia, que tras ser enajenada al fondo de inversión Dinaqua en enero pasado se declaró insolvente, siendo finalmente liqui- dada por el Tribunal de Comercio de París el 27 de abril. Registro Mercantil Posibilitum Business, sociedad creada ex profeso por Ángel Cabo para materializar la compra, que todavía no aparece inscrita en el Registro Mercantil, se ha hecho con el control de activos de reducido valor de mercado, pero también con otros que ofrecen viabilidad futura, como la compañía de servicios aeroportuarios Newco y la cadena hotelera Hotetur, que posee establecimientos en México, Cuba, Gran canaria, Lanzarote y Palma de Mallorca. Fuentes ligadas a la operación desconocían ayer si en el paquete de empresas adquirido figura Air Comet, aerolínea de Viajes Marsans en concurso de acreedores, que dejó de operar en diciembre pasado. Las cerca de 200 agencias históricamente asociadas a Viajes Marsans no entrarán en la operación, después de haber liquidado de forma individual sus contratos y de haber liberado avales bancarios por un valor aproximado de 6 millones de euros. Félix Martínez Parra, socio de Aedave, mostró ayer a este periódico su satisfacción por la finalización del largo proceso, que ha permitido a un nutrido número de agencias asociarse con el grupo mallorquín Orizonia. Tras asumir todo el pasivo de Marsans y Teinver, Ángel Cabo se ha fijado un plazo máximo de cuatro meses para sanear el grupo y ponerlo en valor. Según la versión oficial, el "objetivo de Posibilitum es reordenar el perímetro societario y las operaciones del grupo para devolverlo a la rentabilidad en el menor plazo posible de tiempo a través de un plan de viabilidad". Para acometer este complejo proceso y facilitar su ejecución, los ya antiguos propietarios presentaron el miércoles por la tarde solicitud de concurso voluntario de acreedores por las sociedades Viajes Marsans, Viajes Crisol, Tiempo Libre y Ruraltour en el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid. La petición llegó fuera de hora, de forma que ayer quedó depositada e inscrita en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para su posterior remisión al citado juzgado. Su titular, Ana María Gallego Sánchez, deberá decidir en los próximos días su admisión o no a trámite. Si el concurso es admitido por la juez, ésta nombrará a tres administradores concursales que se encargarán de hacer la radiografía del grupo de empresas, pudiendo deshacer operaciones que se hayan llevado a cabo desde 2008 y que hayan perjudicado al grupo turístico. Entre los administradores se podría encontrar el propio Ángel de Cabo si la juez lo considera oportuno. Una vez que vea la luz el informe concursal, donde aparecerán todas las deudas del grupo y las opciones de viabilidad, si las hay, los acreedores dispondrán de un periodo para impugnar aquellas deudas con las que no estén de acuerdo. Cuando se resuelvan todas las alegaciones presentadas entrará en acción la capacidad negociadora de Posibilitum, ya que tendrá que poner de acuerdo a más del 50 por ciento de los acreedores sobre el modo de pago de la deuda y las quitas que satisfagan a ambas partes. Mientras se produce todo este proceso, la empresa de De Cabo tiene la posibilidad tanto de vender activos, con el permiso del juez y los administradores, como negociar los expedientes de regulación de empleo que considere oportunos. Sobre este punto, todas las fuentes coinciden en señalar que se producirá un gran ajuste laboral sobre la actual plantilla, integrada por cerca de 2.100 trabajadores. La solicitud de concurso voluntario de Viajes Marsans se presentó después de que el juzgado admitiera a trámite a finales del pasado mes mayo las peticiones de concurso necesario de acreedores contra las cuatro sociedades presentadas por la naviera italiana Grimaldi (75.000 euros), cinco hoteles canarios de la cadena Arrecife (280.000 euros), la empresa de ofimática Ricoh (300.000 euros), el operador turístico Mapatours ( 2 millones de euros), la cadena hotelera H10 (500.000 euros), así como Florazar, Avis y Europcar por cuantías no detalladas. Fuentes de Marsans precisaron que la sociedad ya ha pagado las cantidades que debía a Grimaldi y Arrecife. Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán justificaron la presentación del concurso para facilitar una reestructuración ordenada del grupo, "protegiendo así los intereses de los empleados, clientes y acreedores". Los empresarios reconocieron que era la única vía disponible tras la decisión adoptada el pasado 20 de abril por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) de suspender la licencia al grupo turístico, que le habilitaba como emisor de billetes aéreos. Transporte terrestre Aunque ayer ninguna de las dos partes de la operación daba una lista oficial de qué empresas se va a quedar el nuevo dueño, Díaz Ferrán y Pascual podrían haber decidido no desprenderse de todo su negocio y seguir gestionando empresas como Trapsa, Travel Bus o Trapsatur. En el caso de que se queden con Trapsa, ambos empresarios seguirían teniendo en sus manos unos activos que, pese a vender la explotación de varias líneas al grupo Avanza (Madrid-Parla y Madrid-Getafe) por un importe próximo a los 70 millones de euros, todavía conservan interesantes concesiones en Guadalajara, Santiago de Compostela y Camas (Sevilla). A medio plazo, el nuevo dueño de Marsans podría hacer un buen negocio con la operación, ya que también se hace cargo de la petición que Marsans hizo al Ciadi, un organismo de arbitraje económico del Banco Mundial, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. En este proceso, que todavía está abierto, el grupo turístico exigió una indemnización de hasta 1.100 millones de euros por los daños económicos que, a su juicio, sufrieron cuando les arrebataron la aerolínea. Si su demanda sale adelante, la indemnización la recibiría el nuevo dueño, explican fuentes conocedoras de la operación.