Dos proveedores denuncian que falseó sus cuentas y que nunca pensó pagar sus serviciosMADRID. "No es común que un comerciante oculte que es insolvente... y siga haciendo pedidos millonarios a sus proveedores cuando sabían perfectamente que nunca lo pagarían". Ésa es una de las premisas en las que se basa el magistrado del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, para investigar los delitos de estafa e insolvencia punible de los que han sido acusados Alfonso Navarro, Dico Harinsa y Obrum. La denuncia parte de dos de sus proveedores, Azulejos Peña y Electromontajes Mendiola, que acumulan una deuda impagada de unos 73.055,93 euros. Ambos acreedores presentan como pruebas irrefutables de "la mala fe de los denunciados" una serie de trabajos realizados que fueron abonados con unos pagarés que vencían justo después de la petición de concurso por parte de los denunciados. Esas pruebas les permiten afirmar que "los querellados obtuvieron la entrega de los bienes y servicios sabiendo perfectamente que no los podían pagar". Además, aseguran que presentaron datos contables falsos para obtener la declaración de concurso y que preten- dieron impedir a los administradores concursales conocer la situación real de la sociedad, que era absolutamente inviable e incapaz de pagar a sus víctimas. De hecho, fueron los administradores concursales "los que descubrieron un déficit patrimonial de 171 millones de euros". Otro argumento que ya ha sido aceptado por el juez para abrir una investigación es el hecho de que una empresa, cuando presenta suspensión de pagos, no lo hace por un hecho puntual que ha sucedido en un momento determinado. De hecho, la querella asegura que "por su complejidad y naturaleza jurídica, no es una medida (la presentación de concurso) que se tome de la noche a la mañana dentro de una empresa, sino que conlleva una sostenida situación deficitaria de la misma".