Desmentido el fraude de las plantas fotovoltaicas que producían de noche, otro fraude se cierne sobre la tecnología: hace dos años se detectaron plantas inscritas en el registro correspondiente sin tener derecho a ello. Algo irregular había ocurrido, y algo grave, porque esa inscripción -correcta o no- conlleva recibir la tarifa especial que fomenta la energía solar. Con las primeras noticias, ASIF comunicó públicamente su rechazo y reclamó que las instalaciones fraudulentas no pudieran cobrar dicha tarifa, con independencia del castigo que se aplicara en caso de que hubiera, además, un delito. Recientemente, a raíz del diálogo con el Ministerio de Industria para reformar la regulación del sector, ASIF ha vuelto a insistir, indicando que entre un 20 por ciento y un 30 por ciento del parque solar instalado -más de 600 MW- puede estar cobrando sin derecho a ello, con un coste para los consumidores de 500 a 800 millones de euros anuales. Hablando sobre el asunto, alguien me preguntó si había alguna empresa de ASIF afectada, a lo que contesté que probablemente, porque el sector tiene 600 empresas y la Asociación aglutina a casi 500. Luego se interesó por la opinión de los socios, porque la retirada de la tarifa fotovoltaica puede ser la ruina del propietario de la instalación y porque puede haber casos sin responsabilidad clara. Dije que las responsabilidades, si existen, las debe depurar la autoridad competente, y que no podía responderle por todos los socios, sino por la decisión unánime de los 17 miembros del Comité de Dirección de ASIF, elegido democráticamente en Asamblea. Independientemente de que atajar cualquier fraude sea un imperativo, poco hay peor para el sector fotovoltaico que el estigma de "fraudulento". Nuestros clientes son todos los consumidores de electricidad, y sería lamentable que, por la mala prensa, hasta el ciudadano de a pie responda con recelo cuando se le ofrezca un sistema solar. En nuestro sector no caben las actuaciones concretas que desprestigian a todo el conjunto.