Un sindicato habla ya de convocatoria de huelga general en la Función Públicamadrid. El presidente del Gobierno se quitó ayer la careta de la protección social y se puso a recortar alegremente, llevándose por delante, incluso, algunas promesas. No sólo los sindicatos se dolieron del ajuste, sino que los propios ciudadanos sabían que eran ellos quienes sostendrían el recorte. Los primeros en protestar fueron los funcionarios. Los correos electrónicos entre los trabajadores corrieron como la pólvora en cada una de las admnistraciones, ya fuera estatal, autonómica o local. Sus salarios se verían mermados un 5 por ciento este año y congelados en 2011. Pero las preguntas se concentraban en el cómo y el cuándo. El Gobierno no dio explicaciones, las dará en una próxima reunión que mantendrá con la Función Pública o, tal vez, mañana en el encuentro que mantendrá con los líderes sindicales. Y los empleados públicos empezaron a realizar las primeras conjeturas, que así llegaban a sus repre- sentantes sindicales: les quitarían una paga extra (representa el 7,14 por ciento si tienen catorce pagas); les recortarán el 5 por ciento del monto de todo el año en los meses que quedan; afectará también a los trabajadores de las empresas públicas, a los magistrados o los empleados de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El otro gran interrogante se situaba en la forma de realizarlo. La vicepresidenta primera del Gobierno, Fernández de la Vega, firmó el acuerdo de la función pública con un alza del 0,3 por ciento. Es un convenio colectivo, que tiene carácter normativo ante un tribunal, por lo que un decreto-ley no debería tener potestad para modificarlo. A este respecto, algunos representantes de los trabajadores criticaron que esta rebaja era ilegal. No obstante, si los sindicatos llegaran a denunciar, lo más probable es que no ganaran, ya que ayer se publicó una sentencia sobre un caso similar (el de los controladores) en el que la Justicia dio la razón al Ejecutivo. Por su parte, Domingo Fernández, presidente del CSI-CSIF, anunció huelga general ante una "medida muy grave y sin precedentes", El líder del principal sindicato de trabajadores de la función pública agregó que "en una semana se convocarán asambleas". Pensionistas EAsimismo, otros afectados son los pensionistas. El Ejecutivo también anunció la congelación de las pensiones para 2011., lo que supone un ahorro para el Ejecutivo de 1.500 millones y un sacrificio para un jubilado medio de 8,74 euros al mes, partiendo de una pensión de jubilación media de 874,97 euros. Esta rebaja suma más de 100 euros de pérdida al año. A esto se suma que por ley el Gobierno está obligado a revisar las pensiones en función de la inflación real de cada año. Además, no sólo es la congelación lo que motivó el enfado sindical, sino la incertidumbre sobre las pensiones mínimas. Según la promesa electoral del PSOE, Rodríguez Zapatero incrementaría las pensiones mínimas durante esta legislatura hasta los 850 euros si ganaba las elecciones, que actualmente está en 725,20 euros al mes (la de jubilación). Respecto al ajuste realizado en la jubilación parcial, los sindicatos se mostraron ayer críticos, al asegurar que esto representa un incumplimiento del acuerdo firmado en 2006, cuando se aprobó que acogerse a la jubilación parcial se retrasaría desde los 60 años hasta los 61 años en 2014. Ahora el Gobierno anticipará la fecha de entrada en vigor de la medida a este año. Farmacéuticas EFarmaindustria rechazó ayer las medidas anunciadas que considera "inasumibles". La patronal de los laboratorios advirtió además de que se pueden traducir "en cuantiosas pérdidas de empleo, cierre de centros de investigación y de plantas productivas y deslocalización de compañías". También subrayó la falta de coherencia de querer atajar el déficit público "poniendo en recesión al sector que representa más del 20 por ciento de la I+D industrial". Por su parte, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) recordó que el Gobierno aplicó dos rebajas lineales de precios en 2005 y 2006, lo que refleja "falta de imaginación y reiteración en el error al actuar sólo sobre la oferta y los precios y no sobre la demanda". La patronal Aeseg ha alertado de que la bajada de precios pone en riesgo 2.000 puestos de trabajo, de los 6.000 directos que genera este subsector. Dependencia EEn el terreno de la dependencia, el Gobierno elimina la retroactividad en el cobro de la prestación con el que pretende ahorrar 670 millones. A cambio, reitera su compromiso de resolver en seis meses todas las solicitudes de prestaciones presentadas, un plazo "excesivo" en opinión de Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia, según el que 90.000 beneficiarios fallecieron sin recibir prestación por las demoras del sistema. Constructoras EGolpe al sector del ladrillo. Zapatero reducirá la inversión pública estatal en 6.045 millones de euros durante los dos próximos años. Las constructoras advirtieron a través de su patronal (CNC) de que un nuevo recorte en la inversión pública en infraestructuras "va en contra de la creación de empleo" y "alejará en el tiempo la salida de la crisis". Rechazo ratificado por la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI) que, según su presidente Jaime Lamo, esta reducción se sumaría a los más de 2.000 millones rehuidos en el plan de ajuste de febrero. Sacyr, por su parte, confía en los 17.000 millones del Plan de Infraestructuras. Familia ELa Federación Española de Familias Numerosas lamentó la desaparición del cheque-bebé, y aseguró que "una vez más, la familia es la gran perjudicada, la que más sufre la crisis y la que paga las consecuencias de la mala gestión política".