SEVILLA. Cambio de rumbo. Dentro de seis días se cumplirán tres meses desde que Delphi anunció el cierre de sus tres plantas en Puerto Real, y hoy, posiblemente, presente a la jueza responsable del procedimiento concursal el expediente de regulación de empleo y el plan de acompañamiento social. Lo único cierto ahora mismo es que Delphi se va a cerrar, que la actividad es testimonial en el interior de la fábrica y que la promesa de la Junta de que había "un compromiso cerrado" con una empresa para instalarse (dos más, incluso, en terrenos aledaños propiedad de la Junta de Andalucía), ha provocado más indignación que alegría.Los trabajadores, cumpliendo su plan de movilizaciones, iniciaron ayer una marcha a pie cuyo destino final es la sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, en Sevilla. Y eso preocupa, y mucho, en el PSOE andaluz. El presidente del comité de empresa, Antonio Pina (CCOO), el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, y la portavoz parlamentaria de IU-CA, Concha Caballero, coincidieron ayer en algo: exigir a la Junta que desvele el nombre de la empresa con la que, según la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se ha alcanzado un "compromiso". Delphi está presente en el argumentario de todos los partidos en campaña en Andalucía. Antonio Sanz (PP) dijo ayer que la Junta andaluza y el PSOE le están "tomando el pelo" a los trabajadores y a sus familias y que, tras estos casi tres meses, "queda demostrado que el PSOE ha tirado la toalla" y que ha dado por zanjado este asunto dando por "definitivo" el cierre de la factoría gaditana.La parlamentaria andaluza Concha Caballero lamentó ayer que la Junta, "ni siquiera tiene clara la ubicación de esa fábrica, que primero iba a situarse en el suelo que ocupa Delphi en la actualidad y, unas horas después, en unos terrenos aledaños". Caballero cree que la clave de la aparente laxitud de la Administración está en que el Ejecutivo autonómico "tendría que haberse plantado ante el Gobierno central" para convertir esta crisis en un problema de Estado, en lugar de "limitarse a exigir el cumplimiento de la legalidad en los tribunales". Con la política que se ha ejercido desde la Junta de Andalucía, según Caballero, "no se ha conseguido la implicación del presidente Zapatero ni del ministro de Industria, Joan Clos, que se encuentran totalmente al margen del conflicto". La salida de la "marcha amarilla" -conocida así entre los trabajadores por los pañuelos amarillos característicos de la protesta- fue emotiva ya que en los primeros kilómetros, el grupo de trabajadores fue apoyado por toda la plantilla. UGT-A y la Junta de Andalucía fueron admitidas ayer por la jueza Nuria Orellana en el procedimiento concursal abierto sobre Delphi. El consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, dijo que la decisión de extinguir contratos "no es pertinente ni está legalmente fundada" y que Delphi ha buscado esta crisis "a propósito".