Sacyr y Rayet, que abandonaron la junta, la impugnarán y convocarán otra en seis meses Luis Nozaleda, de Grupo Nozar, y Joaquín Rivero, de Metrovacesa, participan en la compañía galaparís/madrid. Jean-François Roverato, presidente de Eiffage, blindó ayer a su grupo ante lo que considera "una toma de control rampante", recortando drásticamente los derechos de voto de los accionistas españoles, a los que acusa de actuar de forma concertada con Sacyr Vallehermoso, primer accionista del grupo, con un 33,2 por ciento del capital.Roverato lanzó su ofensiva nada más comenzar la tormentosa Junta General de Accionistas. Con una jugada que dejó a todos los asistentes perplejos, el presidente galo eliminó, en cuestión de segundos, los derechos de voto del 17,5 por ciento del capital. ¿Por qué? Sencillamente, porque esas acciones pertenecen a inversores supuestamente españoles y, por tanto, les acusa de estar aliados con Sacyr. Juez y parte, Roverato optó por quitarles los votos.Rápidamente, tanto Sacyr como Grupo Rayet anunciaron medidas legales. Como adelantó elEconomista el jueves, van a impugnar la Junta con el objetivo de convocar otra dentro de seis meses. Además, acudirán a los tribunales y ante la AMF (supervisor de la bolsa gala) con toda la batería de medidas que tengan a su alcance. Unas demandas que todavía están estudiando, pero que contemplan recuperar sus derechos de voto y ser reparados por el perjuicio causado, además de acusar al bloque francés de actuar en concierto.'Mascarada' francesaEl vehículo que utilizó Roverato para guillotinar los intereses españoles fue una carta de Eiffaime, sociedad controlada por los directivos de Eiffage, donde aseguraban haber detectado "indicios graves, precisos y concordantes" de la concertación entre un grupo de 89 nuevos accionistas con Sacyr Vallehermoso.Eiffame, los empleados, CDC, Axa y Groupama suman el 40 por ciento del capital y, siempre, han ejercido su voto en apoyo de Roverato y en contra de Sacyr.Una lista adjunta a la carta, manuscrita y extraída supuestamente de la hoja de asistencia a la Junta, recogía las razones sociales, representantes y cantidad de acciones de los acusados, entre los que destacan Grupo Rayet (4,2 por ciento) e Inversiones Portival, sociedad de Luis Portillo, presidente de Inmocaral (dos por ciento). También hay decenas de sociedades y fondos de inversión con participaciones inferiores al 1 por ciento, entre las que figura Inmobiliaria Bano, presidida por Luis Emilio Nozaleda (Grupo Nozar) y Geciner, filial de Gecina (controlada por Joaquín Rivero, presidente de Metrovacesa).Los nuevos accionistas españoles representan un 17,5 por ciento del capital, que, sumado al 33,2 por ciento de Sacyr, confieren a los inversores españoles el control del 50,7 por ciento de las acciones y, por tanto, el poder necesario para tomar el control de la compañía. Un razonamiento que utilizó Roverato para acusarles de concierto y, en consecuencia, de la irregularidad de superar conjuntamente el límite de opa sin haber lanzado una oferta sobre todo el capital de la compañía. Como castigo, privó de derechos de voto a los nuevos accionistas, a partir del 33,33 por ciento del capital, durante dos años. Una decisión vitoreada por los inversores franceses. Grupo Rayet logró salvar un 0,01 por ciento del 4,21 por ciento que posee."Es una medida ilegal, absurda, desproporcionada y sin precedentes en la historia de la democracia. ¡Está acusando a decenas de accionistas de un hipotético concierto por el mero hecho de ser españoles!", replicó un portavoz de Sacyr. "La mesa de constitución de la Asamblea no es quién para decretar una acción de concierto. En todo caso, le corresponde a un juez o a la AMF (supervisor del mercado galo)", añadió.Luis del Rivero, presidente de la constructora gala, y su representante legal, el abogado Christophe Perchet, protestaron vehementemente contra esta decisión, alegando que las acusaciones de concertación carecen de fundamento. Perchet calificó de "escandalosa" la privación de derechos, "un atentado de gravedad excepcional a las reglas más elementales de la legislación francesa"; y del Rivero, acompañado por todos sus colaboradores, optó por abandonar la Asamblea, no sin antes advertir a Roverato que "con esta acción, ha ido usted demasiado lejos", pidiéndole que reflexionara sobre "una nueva decisión absurda". Ampliación de 4.000 millonesCuando llegó el momento de las votaciones, sólo Perchet regresó a la sala para ejercer su derecho. Como era de esperar, tras el "golpe de estado" de pocas horas antes, la junta rechazó la entrada de cinco consejeros en representación de Sacyr y aprobó una "píldora envenenada" que consiste en la emisión de bonos bretones, por importe de 4.000 euros, dirigida a suscribir nuevas acciones por este valor en caso de una opa hostil.Con esta medida, se encarece sensiblemente una posible oferta sobre el cien por cien del capital y, por tanto, se dificulta el lanzamiento de una opa. En cambio, se blinda al actual equipo frente a la entrada de otro grupo. También se dio luz verde al nombramiento de Benoit Hoecht como director general, y se renovó por tres años el mandato de Roverato como presidente no ejecutivo. Sacyr, no obstante, consiguió bloquear la petición de elevar autocartera hasta el 10 por ciento.