El objetivo es culminar la primera integración del sector, a finales de abril o principios de mayoPrevé firmar el pacto laboral la próxima semana para unirse a las cajas de Tarragona y Manresamadrid. En un momento de dudas sobre el proceso de reestructuración del sector financiero español, Caixa Catalunya enfila ya la recta final de su fusión con Caixa Tarragona y Caixa Manresa. A pesar de que, a priori, es la operación más compleja por las cuantía de las ayudas públicas, la entidad que dirige Adolf Todó está a punto de cerrar el proyecto y su finalización supondría la primera unión. Las previsiones internas de la caja apuntan a que en menos de quince días, antes de que el próximo 16 de marzo, la Comisión Europea (CE) dé el visto a la unión, según fuentes conocedoras de la situación. En estos momentos Bruselas analiza el plan, después de que a finales de febrero las tres cajas remitieran la documentación. Por el momento, es la única fusión que tiene que contar con la aprobación específica de las autoridades comunitarias, ya que la petición al Frob sobrepasa el 2 por ciento de los activos ponderados por riesgo y se sitúa en los 1.315 millones. La autorización de la CE, en la que se prevén mínimos cambios, servirá para que los consejos de administración puedan convocar las asambleas extraordinarias respectivas que voten la conveniencia o no de la operación en el plazo de un mes; es decir, finales de abril o principios de mayo. No en vano, antes de estas convocatorias se tiene que firmar el acuerdo laboral. Las mismas fuentes manifiestan que el pacto podría cerrarse las próximas semanas, una vez que se han encarrilado las negociaciones. Mejoras en los ajustes En las últimas reuniones ha habido algunas mejoras en las condiciones para llevar a cabo el ajuste de personal con respecto al preacuerdo alcanzado en noviembre, que sirven para que los representantes de los trabajadores puedan estampar su rúbrica. Además, indican que estos beneficios no pueden modificarse sustancialmente debido, principalmente, a que en la documentación remitida a Bruselas se incluye el preacuerdo. La integración de las tres cajas catalanas conllevará el cierre de 395 sucursales y la reducción de la plantilla en 1.300 empleados hasta 2011, a través de prejubilaciones y de bajas incentivadas. La unión de Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona conformará la tercera mayor caja de ahorros del país por volumen de activos, más de 81.000 millones de euros. Antes de los ajustes, el número de trabajadores ascenderá a unos 9.200 y el de sucursales llegará a 1.600. Los planes cuentan con las primeras exigencias de Bruselas en el recorte de red comercial con el fin de no perjudicar las reglas de la competencia. El grupo resultante, asimismo, no podrá realizar aportaciones al fondo de la obra social, con lo que la inversión en filantropía saldrá de las reservas acumuladas en esta hucha. La intención de las tres cajas es comenzar a devolver las ayudas públicas en tres años, antes del plazo máximo permitido, cinco años. El Gobierno podría permitir hasta siete ejercicios el tiempo para reembolsar los recursos aportados. Esta operación es la más avanzada de todas. La otra integración de entidades catalanas (Caixa Terrassa, Caixa Sabadell, Caixa Manlleu y Caixa Girona) se ha ralentizado como consecuencia de las discrepancias sobre el nuevo grupo resultante. Por su parte, en las castellanas Caja Duero y Caja España se ha roto la mesa de negociación laboral y las reticencias de la salmantina a llevar cabo el proyecto. El plan de las gallegas está bloqueado por la justicia debido al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central y las integraciones virtuales mediante el Sistema Integral de Protección (SIP) apenas avanzan. La que lidera Caja Navarra está a la espera de que la Junta de Castilla y León permita a Caja Burgos unirse a Banca Cívica, donde estará Caja General de Canarias y al que podrían sumarse las de Ávila y Segovia. El otro plan ha quedado prácticamente descartado por la negativa de Caja Inmaculada a aliarse con Caja Rioja y la Insular de Canarias. Inseguridad jurídica La falta de una regulación expecífica y las cuotas de poder, además de los impedimentos de las comunidades autónomas, están retrasando el proceso de reordenación del sistema financiero. Voces internas y externas del sector ya han denunciado la lentitud de la reestructuración y han reclamado que se cierre cuanto antes. Bruselas ha dado de plazo hasta junio para que las entidades españolas puedan acceder a los fondos públicos con el fin de sanear sus balances a través de fusiones, aunque existe la posibilidad de que el periodo se amplíe hasta septiembre o, incluso, finales de 2010. La mayor incertidumbre radica en la creación de bancos a partir de los SIP, un hecho que al que se oponen la patronal de cajas y los sindicatos. Sin embargo, para que este instrumento pudiera establecer agrupaciones de cajas se necesitaría una reforma de la ley general que regula el sector. El Gobierno ha reiterado su intención de llevar a cabo las modificaciones normativas una vez haya culminado el proceso de reestructuración.