MADRID. Hoy es un día clave para los controladores, ya que se tomarán muchas decisiones que inclinarán la balanza hacia su nueva etapa laboral. Por un lado, la Junta de Portavoces del Congreso decide si se acepta la petición del Gobierno de llevar al pleno del jueves la convalidación del decreto ley que sobre la actividad de los controladores aéreos se aprobó por el Consejo de Ministros el pasado viernes. Por otro lado, Aena y la comisión ejecutiva de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que agrupa al 95 por ciento de la plantilla de los más de 2.300 controladores con los que cuenta el gestor aeroportuario, se reúne con el objetivo de reanudar las negociaciones del convenio colectivo, bloqueadas desde 2004, fecha en la que expiró. Para que el debate llegue el jueves al Congreso es necesaria la unanimidad de todos los grupos, dado que el orden del día del pleno para el jueves ya está aprobado. Posteriormente, la decisión tendrá que ser avalada en el pleno que se celebra esta tarde. El decreto ley devuelve el control de la navegación aérea a Aena, al que liberaliza esta actividad abriéndola a los controladores de otros países que tengan licencia europea y quieran trabajar en España. También se regula el número de horas de trabajo efectivo, que se amplía de las 1.200 actuales a las 1.750 horas a partir de este momento y se reducen las horas extraordinarias de 600 a 80. Hasta ahora los controladores tenían una jornada de 11 horas semanales en turno de día y de 7 horas en turno de noche. Tras la aprobación del decreto las jornadas pasan a ser de 18 horas a la semana de día y de 12 horas en turno de noche. La intención de Fomento es que la retribución media anual de un controlador baje de los 350.000 euros a 200.000 euros, cifra muy superior a lo que cobra uno alemán (158.000 euros), francés (110.000 euros) o británico (70.000 euros). Si el jueves se llega a un acuerdo, sería uno de los decretos ley de tramitación más rápida, ya que se habría convalidado en menos de una semana. La previsión legal habilita el plazo de un mes para completar la ratificación parlamentaria.