El Ejecutivo anuncia un recurso contra la ley autonómica, que paralizará la fusiónmadrid. La Xunta y el Gobierno escenificaron ayer la ruptura total sobre las cajas gallegas. La reunión bilateral entre ambas administraciones no sirvió más que para escenificar el conflicto abierto, que acabará en los tribunales. En un encuentro debatieron sobre la reforma legal de las cajas aprobada por el Ejecutivo regional, con el objetivo de permitir la unión de Caixa Galicia y Caixanova. El Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, no ofreció argumentos contra esta reforma, pero sí avanzó que el viernes el Consejo de Ministros autorizará un recurso contra la normativa. Sobre la mesa existe la posibilidad de un contraataque por parte de la Administración regional, ya que tiene la intención de llevar al Constitucional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), hecho que podría paralizar el proceso de integraciones de todo el sector. En el encuentro los responsables de la Xunta, los consejeros de Hacienda y Presidencia, alegaron en su defensa otras reformas legales recientes llevadas a cabo, por ejemplo, en Castilla y León y Madrid, por las que estas comunidades se garantizan la autorización previa en las operaciones de fusión, como los sistemas integrales de protección (SIP). Horas antes, el consejero de Presidencia acusó al Gobierno de marginar y castigar a Galicia, además de ocultarle datos. A la salida de la reunión mantuvo estas denuncias. Alfonso Rueda censuró la "cerrazón del Gobierno" y la "nula capacidad negociadora" porque no fue capaz de explicar "los argumentos" que le llevarán a presentar un recurso contra la ley gallega. "Hay una administración que quiere negociar y otra que no quiere en absoluto; las dos partes han quedado perfectamente retratadas en la Comisión Bilateral y espero que el Gobierno entre en razón y hable con la Xunta antes de presentar el recurso", indicó el dirigente de la Xunta. La paralización de la ley autonómica impediría el desarrollo de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, porque si la operación se tuviera que efectuar con la normativa anterior, podría fracasar debido a la oposición de la viguesa. El cambio legal allana el camino con la previa renovación de cargos en las dos entidades.