Un juzgado de Palma admite el primer recurso contra un SIP, el que formaría Banca CívicaEl sindicato mayoritario de Sa Nostra impugna la operación al considerar que pierde su naturaleza madrid. Se abre la vía judicial para frenar las fusiones virtuales. Un juzgado de Palma acaba de admitir a trámite la primera demanda contra este tipo de operaciones emprendidas por las cajas de ahorros para poder llevar a cabo el necesario proceso de reestructuración. Podría no ser la única, porque en la actualidad se prepara una batería contra un modelo de integración que algunos, entre ellos la patronal del sector CECA, consideran que desnaturaliza estas entidades. El Juzgado Mercantil número 2 de Palma de Mallorca ha sido el que ha abierto el fuego al iniciar un procedimiento judicial sobre el Sistema Institucional de Protección (SIP), en el que participa Sa Nostra, según ha podido confirmar elEconomista en fuentes sindicales y jurídicas. A través de una demanda interpuesta por el sindicato Unió Obrera Balear (UOB) se pretende frenar el proceso de integración de la caja de ahorros balear en Banca Cívica (la fusión virtual en la que participan Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos) al entender que su inclusión en este proyecto frustraría su crecimiento individual dentro de las Islas Baleares. Pero esta demanda sólo sería la punta del iceberg de una batería de recursos que la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) ha comenzado a analizar en cada una de las cajas en las que tiene representación. El secretario general de CIC, Jordi Ollé, en declaraciones a elEconomista, aclara que "nosotros no estamos en contra de los SIP. Lo que estamos en contra es que de ese modelo salga una sociedad anónima que pueda ser privatizada". Ollé aclara que el proceso para impugnarlos dependerá de cada caso. A este tipo de demandas también tiene previsto sumarse el sindicato UGT, que al inicio del proceso de reestructuración financiera ya advirtió de que iba a remitir a su departamento jurídico cada caso. En declaraciones a este periódico, el secretario general de UGT Ahorro, Antonio Muñoz, afirmaba que "nos oponemos porque chocan contra la naturaleza de las cajas". Entre las operaciones que podrían revisarse está la fusión que preparan la aragonesa CAI con la canaria Insular y Caja Rioja. El caso balear En cualquier caso, y hasta el momento, la única demanda que hay en los juzgados y sobre la que se han pedido cautelares es la de la caja balear. El recurso del sindicato se apoya en que el presidente de Sa Nostra, Fernando Almazora, tiene limitada su función a un papel representativo y no ejecutivo, por lo que carece de poderes para firmar el protocolo por el que la caja se integraría en Banca Cívica. En el mismo sentido, el sindicato demanda el presunto veto a la información de los consejos de administración en los que se acordó esa integración, así como de las actas en las que se recoge la decisión final. Desde la caja balear salieron al paso de estas acusaciones al recordar que se celebró un consejo en el que al presidente de la entidad se le otorgaron competencias para estudiar la participación en esa fusión virtual, así como la firma de un protocolo inicial de adhesión. Pero recordaron que todavía no hay nada cerrado y que, actualmente, están trabajando quince grupos para evaluar las consecuencias de la integración. No obstante, desde Sa Nostra reconocieron que la demanda se ha tramitado y aclararon que "si hay algún requerimiento judicial se atenderá". Por el contrario, desde el sindicato demandante rechazaron hacer cualquier comentario sobre un asunto del que recordaron que está sub iudice. Sin embargo, elEconomista pudo confirmar en fuentes sindicales y jurídicas que la jueza titular del Mercantil 2 de Palma, Encarnación González, habría analizado la documentación y habría pedido, además, información adicional a las partes. Un SIP consiste en la creación de nuevo grupo por parte de una serie de cajas, que aportan parte del negocio. La definición jurídica de estos instrumentos todavía está por determinar. Algunas entidades prefieren que sea un banco, lo que abriría la puerta a una privatización, a pesar de que los socios mantendrían el estatus de cajas de ahorros. Banco de cajas La CECA ha reclamado en diversas ocasiones que los SIP sean cajas para que toda la estructura mantenga el régimen especial de fundaciones, en vez de ser un banco de cajas. Desde el Popular se aboga por una reforma de la ley que regula el sector y que se introduzca un nueva fórmula normativa, los SIP, para que no sean ni una caja, ni un banco, ni una cooperativa de crédito. El Gobierno ha insistido que la ley no se tocará hasta que la reestructuración se haya terminado, a principios de verano, por lo que el Banco de España tendrá que tomar una decisión. Banca Cívica está esperando una respuesta para llevar a cabo la operación antes de abril y convocar, así, las asambleas de las distintas cajas para su aprobación. Los SIP permiten escapar de los vetos autonómicos a la reordenación, ya que se mantiene el poder individual sobre las cajas de su territorio de origen protagonistas de una fusión fría.