Exige una comisión parlamentaria de investigación y pide un nuevo concursoSEVILLA. "Lo hemos venido denunciando en sede parlamentaria y en los medios durante todo 2009, pero sin reacción por parte del Gobierno andaluz, por lo que creemos necesaria una comisión de investigación sobre el concurso de las TDT privadas en Andalucía, y que se vuelva a convocar de nuevo", afirma Antonio Sanz, parlamentario andaluz y secretario general del PP-A. Los populares andaluces sostienen, a menos de tres meses para el apagón analógico que dará paso a la nueva televisión digital terrestre, se estarían produciendo ofertas ilegales de ventas o arrendamientos de licencias, por 100.000 euros, de personas que afirman actuar en nombre de beneficiarios de esas concesiones que ahora no tienen capacidad financiera para acometer los proyectos concedidos. Cada uno de ellos pagó 45.000 euros por la concesión en concepto de aval. La información, clave Los adjudicatarios reales se reservarían, además, entre un 5 y un 10 por ciento de la facturación publicitaria de la emisora y todos los derechos de propiedad intelectual de las imágenes e informaciones emitidas, con el objetivo de realizar un informativo autonómico. A los posibles compradores se les exigiría la máxima confidencialidad, para lo que se fijaría una indemnización de entre 50.000 y 60.000 euros si, por casualidad, el asunto termina siendo conocido y divulgado ante la administración o los medios de comunicación. Para Antonio Sanz, y así lo denunció el pasado año hasta en dos ocasiones en el Parlamento de Andalucía, "el problema" es que el Gobierno andaluz concedió las televisiones digitales "a grupos que, ni estaban preparados, ni querían tirar adelante con esas concesiones. Ese es el problema, no la crisis internacional". Sanz recuerda que la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (Acutel), la más importante en esta comunidad, "casi un 70 por ciento de los otorgamientos de licencias han quedado fuera del alcance de las televisiones locales históricas", algunas de las cuales ahora, según Sanz, estarían recibiendo las propuestas de reventa o alquiler de las concesiones. Sanz afirma que "solo se han preocupado de montar un chiringuito mediático, construido vía TDT, a la medida del PSOE y del Gobierno andaluz" y que al menos un 65% de las televisiones se han concentrado en"grupos afines al Gobierno". Revocación de licencias Y además, según Sanz, se han concedido decenas de licencias de TDT locales a grupos de comunicación "que incumplían el artículo 19 de la Ley de Televisión Privada, sobre concentración de medios y abuso de posición dominante". El número dos del PP andaluz opina que algunas licencias concedidas "son merecedoras de revocación" por sobrevenir cambios en los méritos con los que concurrieron. Y más incluso, que se han hecho concesiones a empresas que "incumplían claramente la ley, al no estar al corriente del pago de la Seguridad Social en el momento de la concesión". En el punto de mira político del PP andaluz está la directora general de Comunicación Social, la periodista gaditana Matilde Santiago, una de las piezas clave que dejó en el Gobierno de Griñán el anterior consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías. Por su parte, los cuatro consejeros nombrados a propuesta del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) -que preside el socialista Juan Montabes- han venido denunciando, durante 2009, supuestas irregularidades en todo el proceso de puesta en marcha de la TDT local privada, pero el CAA no ha reaccionado a sus denuncias ni ha abierto expediente informativo alguno, según uno de los consejeros. Ahora, tras las denuncias del PP, el CAA podría reaccionar.