Hoy están citados en la Audiencia los presidentes de Cajasol y Caja Granadamadrid. Los representantes de las cajas en el consejo de administración de SOS que firmaron el autocrédito de 212 millones de euros al ex presidente de la compañía, Jesús Salazar, empezaron a desfilar ayer ante el juez de la Audiencia Nacional. Tanto Ildefonso Ortega, ex director general de CCM, que sigue todavía formando parte del máximo órgano ejecutivo de la compañía, como Ángel Fernández Noriega, que dejó su puesto pero sigue siendo secretario general de Unicaja, reconocieron haber dado el visto bueno al polémico préstamo y, con ello, al desvío de dinero. Según las fuentes jurídicas consultadas, ambos insistieron sin embargo ante el juez Fernando Andreu, encargado del caso, que dieron su firma porque Salazar les engañó con la presentación de documentos falsos, con los que pretendía "encubrir su responsabilidad". Lo que dicen las actas Sin embargo, de acuerdo con las actas de los consejos de administración y de la Comisión de Estrategia e Inversiones, en la que estaban CCM, CajaSur, Cajasol, Unicaja y Caja Granada, además de los Salazar, las entidades financieras tuvieron acceso durante meses a toda la información. Y no sólo eso. Mientras que las cajas firmaron el crédito y prestaron garantías adicionales al mismo, otros dos consejeros -Daniel Klein, que representa el 10 por ciento del capital, y el independiente Lucás Torán-, se negaron a poner su firma e impugnaron el acuerdo ante los tribunales. Durante su comparecencia, los testigos relataron cómo el pasado 16 de febrero, once días antes de la celebración del consejo en el que se aprobó el crédito, los Salazar alertaron al resto de los socios que existía un desajuste de autocartera y que la compañía tenía más acciones de las que legalmente podía acumular. Los antiguos gestores explicaron entonces, siempre según las cajas, que habían transferido 189 millones de euros de la tesorería de la compañía a la sociedad Cóndor Plus, para desde allí adquirir acciones de SOS y venderlas posteriormente a dos fondos soberanos, uno de Libia y otro de Bahrein. El pasado 27 de febrero, la comisión de estrategia de SOS, formada por los representantes de las cajas, aprobaron el crédito de 212 millones de euros, el principal de 186 millones más los intereses, y se comprometió a recomprar a los Salazar un 5,42 por ciento del capital a 13,95 euros por acción si en un plazo de cuatro años no podían devolver el dinero. Aprobación definitiva Las cajas argumentan que la aprobación definitiva del préstamo quedó sometida a la autorización por parte de los órganos de gobierno de cada una de ellas. Los testigos insistieron además en que el auditor de la compañía dio por válido el acuerdo al considerar que las acciones de SOS con las que se avalaba el crédito valían más que los 13,95 euros que las cajas se comprometieron a abonar en caso de impago. Estos dos testigos fueron los primeros, de un total de 19, que comparecerán ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional hasta el próximo 23 de diciembre. Hoy está prevista, en principio, la declaración del presidente de Cajasol, Antonio Pulido, y el de Caja Granada, Antonio María Claret García, citados a las diez de la mañana ante el juzgado de instrucción número 4 de Madrid. Su responsabilidad es aún mayor si cabe puesto que firmaron el crédito desde su puesto como presidentes de las entidades. De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, todo indica que la estrategia de defensa que van a seguir será la misma que emplearon ayer los representantes de Unicaja y CCM: reconocer la firma del crédito, pero decir que fueron engañados por Salazar. El juez tendrá después la palabra.