El Tribunal de la UE se opone a limitar los derechos de votobruselas. El blindaje del sector eléctrico español tiene los días contados: está en el punto de mira de Bruselas y ya existe jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en su contra. Si Enel llega a Endesa para quedarse, la limitación de derechos de voto a la que se tendrá que someter en virtud de la legislación proteccionista española saltará por los aires, previsiblemente, en cuestión de un año.La Comisión Europea anunció en abril del año pasado su decisión de denunciar ante los jueces comunitarios el decreto anti-EDF promulgado en 1999 Rodrigo Rato, actual director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en aquel entonces vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar. Rato puso el 3 por ciento como techo de los derechos de voto que una empresa pública extranjera podía disfrutar en una empresa energética española privada, aunque controlara un porcentaje superior del capital de la misma. El objetivo era zancadillear el desembarco del gigante público francés EDF o del grupo luso EDP. Las piezas que prentendía blindar ante posibles ofertas públicas de adquisición en aquella fecha eran Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico. La intención era no dar marcha atrás: que las compañías privatizadas para impulsar su eficiencia evitando el lastre de la gestión pública y la ingerencia de las administraciones españolas, terminase en manos de administraciones públicas extranjeras.Bruselas expedientó el decreto de Rato en 2001. Cuando en 2003 se disponía a llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE, España lo cambió de tal manera que obligó a los servicios de la Comisión Europea a tramitar un nuevo expediente desde el principio. El recurso no llegó formalmente a la sede de la justicia comunitaria en Luxemburgo hasta junio del año pasado. Todavía no hay fecha para la vista oral y mucho menos para la sentencia. Aunque, de media, el Tribunal tarda unos veinticuatro meses en resolver los casos desde la fecha en la que los recibe. Aunque la sentencia aún tarde más de un año en ser dictada, presumiblemente será favorable a la Comisión Europea y exigirá que España retire este blindaje que hoy por hoy afecta a empresas públicas.