La Comisión Europea cuestiona el plan de eliminar la publicidad de la televisión públicabruselas. La Comisión Europea abrió ayer una investigación en profundidad sobre el nuevo sistema de financiación de Radio Televisión Española (RTVE). El Gobierno tiene previsto suprimir la publicidad de la programación de la televisión pública, y sustituir esta fuente de ingresos por unos gravámenes sobre las cadenas privadas y los operadores de telecomunicaciones. Bruselas aclaró que no se opone a que se modifique de la financiación del ente público. Pero duda de que sea legal el nuevo impuesto dentro de la legislación comunitaria y, más concretamente, dentro de las normas de la UE sobre redes y servicios de telecos. El Ejecutivo comunitario puntualizó que la apertura de una investigación formal no prejuzga el resultado. Sencillamente, le permite examinar las medidas más atentamente, y ofrece a las terceras partes la posibilidad de presentar sus observaciones. A su paso ayer por Bruselas, Elena Salgado, vicepresidenta del Gobierno y titular de las carteras de Economía y Hacienda, aseguró que esta investigación no compromete la financiación de RTVE prevista para 2010. Y se mostró segura de que Bruselas bendecirá el sistema. La liberal holandesa Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, aseguró ayer: "El plan de España de poner mayor énfasis en la misión de servicio público de RTVE coincide con la política de pluralidad de los medios de comunicación que la UE apoya. Y tiene la ventaja de reducir el riesgo de interacciones negativas para la competencia entre actividades públicas y comerciales. La Comisión Europea no pone, por lo tanto, ninguna objeción a la supresión de anuncios publicitarios en la televisión pública, pero tenemos que evaluar cómo se financia esta reforma". El Gobierno compensa a RTVE, por la supresión de los ingresos publicitarios, con una aportación del 3 por ciento de los ingresos de las televisiones comerciales en abierto; del 1,5 por ciento de los ingresos de las teles de pago; del 0,9 por ciento de los ingresos de las telecos; y parte de la recaudación ya existente por el uso del dominio público radioeléctrico. Los operadores de telecos tienen previsto recurrir el citado canon ante las más altas instancias constitucionales y comunitarias. Para ello, depositarán avales en los juzgados que correspondan con el importe de la tasa del 0,9 por ciento.