bilbao. La legalidad de la presidencia de Caja Vital, encarnada por el socialista Gregorio Rojo, está en el alero después de que el juzgado de Primera Instancia número 1 de Vitoria haya dado la razón al Partido Popular, que en marzo de 2008 pidió la anulación de la asamblea general de la caja en la que se procedió a la reelección del presidente, por considerar que sobrepasaba la limitación de 12 años de permanencia en los órganos de gobierno de la caja, pues ya llevaba 16 años. Antes de que la sentencia sea firma y para evitar la destitución de Rojo, Caja Vital aseguró que presentará el "oportuno recurso" al considerar que le "asiste la razón jurídica" en base al informe que encargó al bufete Clifford Chance, sobre la legalidad de que Gregorio Rojo se presentase a la reelección como presidente en 2008. Desde la caja aseguran que la sentencia "no afecta ni afectará al desarrollo de su actividad". La caja recuerda que hubo un precedente similar en 2001 con Ibercaja y que al final el Tribunal Supremo les dio la razón.