El Grupo Vodafone tiene que tragar sapos fiscales con la Hacienda pública española, debido a beneficios tributarios presuntamente indebidos. El contencioso gira en torno a unas deducciones de gastos financieros realizadas por la multinacional de la telefonía móvil entre 2003 y 2004, por un importe de 600 millones de euros. El asunto está ahora en tela de juicio, ya que la sentencia adversa de un tribunal económico será respondida por Vodafone con un recurso ante la Audiencia Nacional, que se tramitará antes del próximo 28 de diciembre. En el supuesto de que no prospere esta primera actuación del grupo británico, la 'teleco' prevé acudir al Tribunal Supremo en busca de amparo. De esta forma, la reclamación de 210 millones impuesta a Vodafone podría quedar en el limbo judicial hasta dentro de cinco o seis años. Al margen del impacto que puede tener en las cuentas del operador esta contingencia con el fisco español, la demanda contra Vodafone prevé encender las luces de alarma en los departamentos jurídicos de otras muchas multinacionales que actuaron con parecidos comportamientos. Así, los pasos de la multinacional que preside Vittorio Colao serán seguidos con extraordinaria atención por otras grandes compañías que emprendieron la misma estrategia fiscal que el operador en los últimos años. Es el caso de Mittal, Bombardier, Chevron, Exxon Mobil, HP o PepsiCo, según las fuentes consultadas. Las referidas multinacionales, así como otras muchas grandes compañías de diversos sectores de actividad, tomaron en consideración el reclamo de las denominadas Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). El origen de esta figura se remonta a 1996, cuando el entonces Gobierno de José María Aznar se propuso convertir a España en un destino atractivo para la inversión foránea, a través de incentivos y herramientas más originales que las que existen en los países vecinos. Interpretaciones equívocas Los expertos consultados aseguran que la referida ley que rige la actuación de las ETVE resultó menos concisa de lo aconsejable, lo que originó numerosas interpretaciones divergentes entre las compañías beneficiarias y los técnicos de la Agencia Tributaria. Y ésa es la pesadilla que ahora desvela al Grupo Vodafone. Los abogados del operador tienen mucho trabajo por delante para defender la correcta actuación de sus respectivas corporaciones en cuanto a las deducciones realizadas con sus gastos financieros. El dinero es miedoso por naturaleza y, como es lógico, aborrece la inseguridad jurídica más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, la batalla judicial que Vodafone mantendrá con la administración tributaria española durante los próximos años puede volverse en contra del Estado español, a través del desvío de las inversiones extranjeras hacia países fiscalmente más seguros.