Según el presidente de la CECA, los actuales estatutos de la asociación de cajas restringen la composición de este órganomadrid. Juan Ramón Quintás inauguró ayer su segundo y último mandato al frente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), después de que todos los miembros del Consejo de Administración votarán su reelección. Fue una reunión con muchos simbolismos, sobre todo por parte del presidente de La Caixa y vicepresidente de la CECA, Ricardo Fornesa, que, además de dirigir este consejo tras pedirlo Quintás, le brindó un discurso cargado de apoyo y elogios al reelegido presidente. Unas palabras que dan por cerrado cualquier roce que se haya podido rumorear, tras la opa de Gas Natural, donde La Caixa es la principal accionistas, sobre Endesa, en cuyo consejo se sienta Quintás, aunque se ha inhibido de sus funciones. Y en este segundo mandato, Quintás quiere hacer cambios dentro de la organización. El más próximo podría ser la creación de una comisión ejecutiva, que descargue al consejo de administración y agilice determinados temas, tal y como adelantó ayer elEconomista. Pero para que esta comisión llegue a buen término, Quintás sugirió cambiar los estatutos de la CECA, que obligan a que cada comunidad sólo tenga un miembro en este órgano de gobierno, independientemente del número de cajas de cada una de estas regiones. Una situación que supone "un agravio innecesario ya que algunas comunidades tienen varias cajas", aseguró Quintás, que se mostró partidario de crear esta comisión porque ayudará a que determinados temas "vayan más rápido". Además, el presidente alertó de otro riesgo que puede tener esta comisión: ahora todo debe pasar por el consejo y la transparencia es total. Si se crea este órgano "ya no pasaría todo por el consejo". Además, considera necesarios algunos "ajustes finos" en la estructura de la CECA de cara al futuro. "Es bueno que tengamos nuestra propia hoja de ruta", apuntó. Quintás también habló de su relación con el Banco de España y la administración central. Sobre el primero aseguró que su tutela sobre las cajas "ya no es tan necesaria", como cuando nacieron". Y al Estado le criticó un exceso de regulación. Respecto a la obra social, las cajas destinaron el año pasado a este tipo de actuaciones 1.338 millones de euros, lo que supone un incremento del 15 por ciento respecto a los 1.163 millones de 2004.