Quiere tener una estimación del dinero que tendrá que dedicar al proceso de reestructuraciónEl regulador teme una reordenación a medias del sector por el fin de las ayudas de Bruselas en2010madrid. El Banco de España fija plazos. El regulador se ha cansado de esperar a los movimientos del sector financiero y ha puesto unas nuevas reglas del juego para la reordenación del sistema que tendrán que adoptarse antes de fin de año. La institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez quiere que las entidades coman las uvas con unos planes de fusión ya perfilados, según aseguran a elEconomista fuentes del sector. ¿La razón? El supervisor quiere presentarse a primeros de 2010, ante el Gobierno y las autoridades comunitarias, con una cifra lo más aproximada posible sobre el coste de la reestructuración que, básicamente, afectará a las cajas de ahorros. Teniendo en cuenta que, a partir de ahora, la mayor parte de las operaciones de integración contarán con los recursos disponibles en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el Banco de España pretende saber con la mayor precisión posible las ayudas que va a tener que justificar ante Bruselas. Sobre todo, en un momento en el que algunos países integrados en la Unión Europea han comenzado a presionar para la retirada progresiva de unas ayudas que en el caso español ni si quiera se han llegado a utilizar. Los expertos consultados por elEconomista esperan que a partir de mediados de 2010 este apoyo con recursos públicos al sector financiero comience a retirarse, con lo que las entidades radicadas en España tendrán que darse prisa para no perder la oportunidad de utilizar estos recursos para reforzarse. En los últimos días, algunos economistas como el presidente de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Emilio Ontiveros, han criticado públicamente la actitud del regulador sobre el manejo de los tiempos en el proceso de fusiones e integraciones en el sector de las cajas de ahorros y han pedido que actúe con mayor rapidez para que esa reordenación no se quede "a medias". La preocupación por parte del supervisor radica en la estrategia de salida de la crisis financiera que tome, a partir de ahora, la Unión Europea, así como en la rigidez de la misma. Hace unos días el portavoz de la Comisaría Europea de la Competencia, Jonathan Todd, advertía de que las operaciones que reciban ayudas públicas serán sometidas a un severo escrutinio por parte de la autoridades europeas. Además, señalaba que estas fusiones se analizarán "una a una", lo que podría suponer un revés para alguno de los movimientos que se produzcan en el mercado español. Fuentes oficiales del Banco de España rechazaron hacer cualquier tipo de comentario sobre la urgencia de definir los movimientos del sector y remitieron a las intervenciones públicas del gobernador y al último informe de Estabilidad Financiera del supervisor publicado la semana pasada. Utilizar el Frob A través de este informe, la institución instaba a las entidades a utilizar cuanto antes el Frob, mientras que Fernández Ordóñez ha declarado en diversas ocasiones que el interés del supervisor en el proceso de reestructuración cueste lo menos posible a los contribuyentes. Para el Banco de España, el Frob debe entenderse como un instrumento que puede facilitar la racionalización de la gestión y la adecuación de la capacidad instalada de las entidades financieras al nuevo entorno en el que se moverá el sistema financiero español una vez superada la crisis Hasta el momento, ninguna entidad ha recurrido a los recursos públicos contemplados en el mecanismo del Frob, aunque hay dos operaciones que ya han anunciado su intención de utilizar estas ayudas públicas. La primera en pronunciarse a este respecto fue la protagonizada por Caixa Terrassa, Sabadell, Manlleu y Girona, quienes ya se habrían dirigo al Banco de España para solicitarle en torno a unos 500 millones de euros. La otra operación que también requerirá de ayudas públicas es la que han suscrito Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona quienes tienen previsto solicitar en torno a 1.500 millones de euros para llevar a cabo su integración. Sin embargo, éstas no serían las únicas que tienen previsto recurrir a las ayudas previstas en el fondo rescate. La recién anunciada operación entre Caja España y Duero, de la que se ha descolgado Burgos, necesitará alrededor de unos 500 millones de euros. Hay que recordar que el fondo de rescate tiene una dotación de 9.000 millones de euros, de los que 2.250 corresponden a los Fondos de Garantía de Depósitos, mientras que el resto procede de los remanentes del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF). No obstante, en 2010 el Ministerio de Economía y Hacienda podrá ampliar hasta un máximo de diez veces su dotación (90.000 millones). Inicialmente se ha puesto a disposición de las entidades un total de 9.000 millones de euros, una cantidad que podría llegar hasta los 27.000 millones durante este primer año de funcionamiento del mecanismo de ayudas. Precisamente hoy, el fondo de rescate tiene prevista la emisión de deuda por importe de hasta 3.000 millones de euros, con el objetivo de dotarse de recursos. La emisión, que se realizará, fundamentalmente, entre inversores institucionales internacionales, contará con un tipo de interés fijo a cinco años y con un cupón anual, y cada bono tendrá un valor de 50.000 euros. El precio que se establezca para la colocación de la deuda dependerá de la acogida que tenga, pero se inscribirá en una horquilla que oscilará entre el tipo fijado para las emisiones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las que está llevando a cabo la banca privada con aval del Estado. La emisión cuenta con una calificación crediticia de triple A (calidad extrema) por parte de las agencias Moody's y Fitch, mientras que Standard & Poor's le da una nota de AA+ (calidad superior), de acuerdo a los ratings que estas agencias otorgan al Reino de España.