La compañía ha duplicado su beneficio neto con las plusvalías de Urbismadrid. Unión Fenosa ya no será una compañía independiente. ACS ha decidido integrarla dentro de su organigrama como una filial más. Bueno, en realidad, como la filial más importante del grupo. Ella, por sí sola, puede disparar un 42,8 por ciento los ingresos de 14.067 millones que tuvo el grupo presidido por Florentino Pérez en 2006; y un 144 por ciento el ebitda (beneficio bruto de explotación), que el pasado ejercicio ascendió a 1.270 millones.Donde no habrá variación será en la ganancia neta. Actualmente, ACS consolida el 40,5 por ciento que tiene en Unión Fenosa por puesta en equivalencia. Esto significa que sólo puede apuntarse la parte proporcional del beneficio neto de la eléctrica. Pero, desde el 1 de enero de este año, el grupo ha pasado a consolidar globalmente su participación en Fenosa, lo que le permitirá apuntarse también su peso en la facturación y el ebitda.Control del consejoEste cambio de tornas se debe al aumento de consejeros. El pasado 16 de enero, ACS elevó su peso en el consejo de la eléctrica con la entrada de dos nuevos representantes, hasta sumar 10. Un movimiento que le confiere el control de la mitad del órgano de administración y el poder para dirigir la política financiera del grupo. Requisitos bajo los cuales la NIC 27 abre la puerta a consolidar globalmente."Con la consolidación global de Unión Fenosa demostramos nuestro compromiso estratégico con el desarrollo de la compañía. Nadie que haga esto tiene en mente la venta de la compañía", subrayó Pérez, frente a los rumores que apuntaban a una posible desinversión.Todo lo contrario. Ahora ACS se divide en cuatro líneas de negocio: construcción, servicios industriales, servicios medioambientales y energía (Fenosa). Además, tiene dos importantes participaciones financieras: Abertis (24,8 por ciento) e Iberdrola (12,5 por ciento).En esta última, tiene luz verde para seguir adquiriendo acciones hasta el 24,9 por ciento. Una posibilidad que la constructora llevará a cabo "en función del precio y la coyuntura", aseguró Pérez, quien no descartó la posibilidad de una futura fusión del grupo vasco con Fenosa, aunque reconoció que "no depende de nosotros".Ejercicio récordLa consolidación global de Fenosa permitirá este año disparar un 50 por ciento la facturación de ACS, mientras que el beneficio neto crecerá un 20 por ciento. Sin incluir el impacto de la eléctrica, las ventas del grupo aumentarán más del 10 por ciento. Estos crecimientos dejarán pequeños los resultados récords cosechados por ACS en 2006 (ver gráfico), que ha doblado su beneficio neto, hasta 1.250 millones, gracias a las plusvalías de 510 millones por la venta de Urbis. Sin este extraordinario, la ganancia ha aumentado un 37 por ciento.Para este ejercicio, ACS tiene sobre la mesa dos posibles desinversiones: la compañía de transporte por carretera Continental y las concesiones de infraestructuras internacionales. Pérez dejó claro que no necesita desinvertir y, por tanto, sólo cerrará una de estas operaciones, además de la venta que ya tiene pactada con una entidad financiera de la circunvalación de Dundalk (Irlanda) y la A1 Darrington-Dishford (Reino Unido).madrid. El juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid no da la razón a Jesús Caldera, ministro de Trabajo: afirma que el expediente de regulación de empleo de los trabajadores afectados por la crisis de Air Madrid es competencia del Gobierno central, no de la Comunidad de Madrid. Una decisión que contradice las declaraciones realizadas a finales del pasado diciembre por el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, que afirmó que esos empleados no eran competencia de su Ministerio, sino de la Comunidad, "porque las sedes de la empresa estaban radicadas allí".Según fuentes de la consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, el ministerio tiene 15 días para emitir el informe en el que dará o no el visto bueno al acuerdo al que han llegado representantes de los trabajadores y administradores concursales. Éste establece que los 874 trabajadores de Air Madrid en España deben recibir indemnizaciones por despido de 28 días por año trabajado, y que pasarán a disfrutar de las prestaciones públicas de las que están privados. Después de que el Ministerio emita el informe, el juzgado dispondrá de otros diez días para aprobar el expediente, así que los trámites deberían haber terminado en un mes.La decisión confirma lo que en su día declaró Juan José Buelmes, consejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid.