Pide soluciones y dice que la "inactividad" de los poderes públicos agravó el casomadrid. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, lo tiene claro: la inactividad de los poderes públicos de control frente al problema de Fórum Filatélico y Afinsa incrementó los efectos económicos negativos sobre los clientes. Así lo expresa en una recomendación enviada el pasado mes de diciembre a la secretaría de Estado de Economía. El informe del Defensor del Pueblo ha trascendido ahora por los apoyos que ha suscitado en varias asociaciones de consumidores, que piden la responsablidad civil del Estado por "omisión" en la crisis de los sellos y se amparan en la misiva.El informe elaborado por el equipo de Enrique Múgica pide "la búsqueda de alguna solución para los afectados" por parte de los poderes públicos. El Defensor considera que si la Administración hubiera actuado a tiempo, se habría disuadido a muchos inversores de depositar sus ahorros en las empresas, "reduciendo la extensión del daño". Además, recomienda que se adopten las medidas oportunas para dotar de un régimen jurídico adecuado a las sociedades de inversión en bienes tangibles. La primera de las razones por las que se cuestiona la actuación de los poderes públicos en defensa de los derechos de los afectados es, según el documento, en la calificación que se hizo de este tipo de inversiones como "bienes tutelables". "La única regulación que se recoge en todo el ordenamiento jurídico para este tipo de inversión es la prevista en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 35/2003", asegura el informe, "sin haber sido objeto de informe técnico previo ni sin que se justifique la idoneidad de la misma". Según el Defensor, "la operatividad de estas sociedades en el mercado se ha producido siempre en un vacío legal que les permitía un ancho campo de actuación sin control".Enrique Múgica asegura que desde 1994, los poderes públicos, "en concreto la Agencia Tributaria", eran conscientes de la problemática que planteaban las sociedades, lo que anticipaba los posibles perjuicios a los ciudadanos. Sin embargo, según critica Múgica, se dejó al margen del control de las autoridades financieras, "estableciendo una regulación tan exigua y parcial que no recoge más que un mínimo mecanismo de información y un régimen sancionador que no se desarrolla con posterioridad".s Lea la recomendación del Defensor del Pueblo en www.eleconomista.es