Los 10 nuevos imputados comenzarán a declarar el próximo día 6 de marzo en la Audiencia Nacionalmadrid. Los directivos de Afinsa ya no se reúnen en la sede de la Fundación Albertino de Figueiredo, unas oficinas en la calle Lagasca que estaban puerta con puerta con una delegación del despacho de abogados Cuatrecasas. Desde el pasado diciembre, el juez decidió precintar también ese local, y ahora se suelen ver en una cafetería cerca de la Audiencia Nacional, tras firmar ante el juez dos veces por semana.El juez Santiago Pedraz ha imputado, basándose en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, a nueve directivos de Afinsa y de su filial Escala, además de un socio del bufete Cuatrecasas. Todos ellos comenzarán a declarar el próximo día 6 de marzo ante el magistrado. Se espera que también sean llamados ante el juez los anteriores imputados, entre los que están Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa, y Vicente Martín Peña, director general de la compañía, entre otros.Mientras llega la fecha de su declaración, preparan su defensa. Según confirma Martín Peña a este periódico, una de las bases de defensa será el valor de los sellos, que todavía no han sido tasados por ningún experto. "Nos parece un escándalo que se haya dicho al principio que no existían sellos, luego que no valían nada, y ahora que están revalorizados, y aún nadie los ha tasado", exclama con rabia.El ex director general de Afinsa duda también de la idoneidad del nombramiento de la entidad Anfil para la tasación. "No son independientes, como pedía el juez, sino que han trabajado para nosotros y para Fórum".Auditoría de EscalaLos ex directivos de Afinsa siguen afirmando que los sellos son suficientes para cubrir todo el patrimonio que han depositado los clientes en la empresa, a pesar de que Anticorrupción habla en su informe de sellos sumamente sobrevalorados y catálogos manipulados por los directivos de la compañía. Frente a los documentos que los fiscales han requisado en la sede de la empresa y que han servido de base para las nuevas imputaciones, la defensa de los imputados alegará, entre otros documentos, un informe de auditoría de Escala, donde se dice que las compras de sellos "estaban en orden", según explica Martín Peña.Nueve meses después del estallido del escándalo filatélico, los ex directivos siguen pensando que la intervención fue un error, que ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria tenían pruebas suficientes para acusarles de los delitos y que ahora están intentando sacar "segundas lecturas" a documentos que no demuestran que la empresa fuera insolvente. "¿Se puede mantener una estafa piramidal durante 25 años?, pregunta Martín Peña de forma insistente.Sobre los documentos incautados en su propio despacho, en los que se reconoce que hay que hacer acciones para conseguir "liquidez" a toda costa, asegura que se trata de una acción comercial normal en cualquier empresa. "Se trataba de buscar nuevos negocios porque el mercado de los sellos, lamentablemente, estaba acabado". La empresa, según dice Martín Peña, estaba a punto de entrar en el mercado de las monedas y de otros bienes tangibles.En las declaraciones que comenzarán el próximo día 6 de marzo están llamados como imputados Joaquín Abajo Quintana, secretario del consejo; Tomás Olalde, consejero y socio del bufete Cuatrecasas; Antonio Giménez Rico, director de Organización y Medios; José Fernando Galindo del Río, director corporativo; Francisco Giménez Marañón, director corporativo; Ramón Egurbide, jefe de Operaciones en Europa de Escala Group; Esteban Pérez Herrero, consejero de honor de Afinsa y jefe de Corporación estratégica de Escala; Rafael Pedro Noguero, director del área económico financiera; Fernando Burdiel Hurdisan, director de la red comercial, y Bernardo Valero, director del área de control presupuestario y seguimiento estratégico de la compañía. El socio de Cuatrecasas, Tomás Olalde, según fuentes jurídicas, intentará desvincular a la firma de abogados de toda responsabilidad en la trama filatélica. A pesar de que desde el primer momento, el bufete ha respaldado la acción de Tomás Olalde, sería muy peligroso que se extrayeran más responsabilidades del despacho catalán en la presunta estafa de la filatélica. Algunos abogados de los afectados consideran que en un futuro se podría pedir responsabilidades patrimoniales a este despacho de abogados.