El tribunal obliga a la inmobiliaria a realizar la operación que pretendía rescindirMADRID. El Tribunal de Grande Instance de París ha dictado una sentencia por la que obliga a Metrovacesa a comprar un edificio de París por un importe de 85 millones de euros en concepto de precio y a pagar 5 millones más en concepto de "pena convencional", es decir, como penalización, según informó la inmobiliaria a la CNMV en un comunicado firmado por Lucas Osorio, secretario del consejo de administración. La resolución judicial es susceptible de apelación y la inmobiliaria estudia la posibilidad de interponer en el juzgado el correspondiente recurso. La sentencia es fruto del contencioso que Metrovacesa mantiene con la firma G2AM en relación con la compraventa del inmueble, un edificio de oficinas ubicado en la Avenue Grande Armée de la capital francesa. La inmobiliaria española compró el edificio, pero tras firmar el contrato conoció circunstancias sobre el activo que le aconsejaron pedir la rescisión del mismo. En realidad, la operación no era un compromiso directo que había adquirido la propia compañía, sino que fue una opción de compra que los antiguos dueños, los Sanahuja, traspasaron a Metrovacesa cuando perdieron el control de la inmobiliaria en favor de las entidades bancarias acreedoras que en la actualidad dirigen la compañía. Ante la resolución del contrato, el vendedor, G2AM, decidió de manera prácticamente inmediata demandar a la compañía. En el marco del proceso judicial abierto, el juez encargado del caso ordenó un embargo temporal de los activos de Metrovacesa en Francia, es decir, su participación en la francesa Gecina, que equivale a edificios valorados en 2.354,6 millones de euros. En un principio el embargo afectó a toda la participación y posteriormente fue levantado sobre 10,7 millones de títulos. Actualmente el tribunal francés mantiene todavía embargados seis millones de títulos que representan el 9,6 por ciento del capital de Gecina, del total de 26,9 por ciento que la inmobiliaria Metrovacesa tiene en la empresa patrimonialista gala de la que es, actualmente, segundo máximo accionista.