Acusa al sector de incumplir el acuerdo voluntario de CO2bruselas. La historia es uno de esos pulsos típicos entre los poderes públicos y la industria. El legislativo amenaza con legislar, la industria pide un voto de confianza y se compromete a someterse a un código de autorregulación que, si no cumple, termina por ser sencillamente la antesala de un decretazo más. Es lo que estos días ocurre en Bruselas entre la Comisión Europea y los fabricantes de automóviles.La industria del automóvil se comprometió a finales de la década pasada a reducir de 180 a 140 gramos por kilómetro las emisiones de CO2 de sus motores en 2008. Era su contribución a la lucha contra el cambio climático. Pero las últimas cifras señalan que en 2004 el nivel de emisiones se situaba aún en 160 gramos. La reacción del griego Stavros Dimas, comisario europeo de Medio Ambiente, ha sido acusar al sector de saltarse su compromiso. E inmediatamente amenazó con proponer una directiva que obligue al sector a bajar las emisiones en 2012 hasta 120 gramos. Los representantes de las marcas, según el grado de catastrofismo que adoptan, alertan de que para cumplir esta exigencia habría que dotar a los coches de equipos con un coste de unos 4.000 o 5.000 euros.El Colegio de Comisarios (la reunión semanal de la Comisión Europea equivalente al Consejo de Ministros que todos los viernes celebra el Gobierno español) tiene previsto aprobar el próximo miércoles 24 de enero una comunicación en la que anunciará la elaboración de la directiva tal y como defiende el comisario Dimas.Pero la suerte no está aún echada. Los lobbistas de la industria del automóvil cuentan una vez más con los favores del alemán Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Empresa e Industria. Verheguen intenta retrasar la decisión para ganar tiempo y diluirla. Defiende lo que denomina un enfoque integrado que, en lugar de reducirse a imponer un recorte de emisiones a los fabricantes, extendería la responsabilidad a los conductores.