Moncloa mantiene su programa electoral pese a las peticiones realizadas por empresarios y eléctricasmadrid/ bruselas. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sorprendió ayer al anunciar que no autorizará la construcción de nuevos reactores nucleares en España y que se va a cerrar la central de Santa María de Garoña (Burgos).Con esta declaración, la vicepresidenta se adelantaba a la petición de Bruselas de construir más centrales nucleares para reducir la depedencia energética. De este modo, el Gobierno se pone enfrente de las recomendaciones de Europa, así como de las propuestas realizadas en los últimos meses por las Cámaras de Comercio y la CEOE. No obstante, Moncloa mantiene la coherencia con su programa electoral que proponía una reducción paulatina de la energía atómica en España.La patronal del sector eléctrico está preparando un documento sobre el futuro energético en 2030, tal y como adelantó elEconomista. En este documento, Unesa quiere poner sobre el tapete la intención del sector eléctrico de acometer la construcción de nuevos reactores y los efectos que tendría no construirlos en los precios de la electricidad. En este momento España tiene la electricidad un 13 por ciento más barata que en Europa, mientras que el gas está un 17 por ciento más caro. El debate sobre el uso de energía nuclear, dijo la vicepresidenta, es "estructural y estratégico", sobre todo en España, que es "un país excesivamente dependiente desde el punto de vista energético".El Gobierno no niega la necesidad de ese debate, aunque lo enmarca en un marco global sobre las fuentes de energía y el desarrollo de otras fuentes renovables, que estudia una comisión creada en el Ministerio de Industria.Programa electoralEl anunció de la vicepresidenta, no obstante, pone en entredicho al ministerio que había defendido una posición más proclive a lo nuclear en el Congreso de los Diputados. De hecho, el secretario general de Energía indicó que si se cerraran las nucleares habría que construir 16.000 MW de ciclos combinados en los próximos 40 años.U-ICV y Greenpeace aplaudieron rápidamente la voluntad del Gobierno de continuar con la moratoria nuclear y cerrar Garoña. El cierre de esta central nuclear, por lo tanto, podría producirse el 5 de julio de 2009, fecha en la que expira la autorización de explotación de esta instalación. La central cumpliría así sus 40 años de vida útil.Garoña, tal y como informó este diario, registró el pasado 12 de diciembre una avería que no ha sido calificada en la escala Ines de un elemento combustible dentro de la vasija del reactor nuclear y, por ese motivo, tendrá que adelantar la recarga de combustible a primeros de febrero. A este leve problema se une ahora la noticia del cierre.Informe de BruselasEl debate nuclear causa chispas en muchos países del club comunitario, pero la Comisión Europea tiene claro que ante la actual situación de dependencia energética y la escasa capacidad de autoabastecimiento se trata de una fuente de energía eficaz que no hay que desdeñar. El nuevo plan energético presentado ayer en Bruselas, y que discutirán los líderes de la UE durante la Cumbre de primavera a principios de marzo, reclama además de la reapertura de este debate nuevas medidas para hacer realidad el mercado interior de la energía, que según denunció ayer la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, "sigue sin ser competitivo".Alrededor del 33% de la energía y el 15% de la electricidad que consumimos en la UE procede de plantas nucleares. Una fuente energética que, según defiende la Comisión Europea en sus nuevas propuestas, ha permitido a los países que la producen contener las emisiones de CO2 y ser menos vulnerables ante el continuo baile de precios del crudo vivido en los últimos años. No son los únicos argumentos favorables que esgrime Bruselas en su documentación. La Comisión reconoce también que aunque la inversión inicial y el coste que conlleva la construcción de una planta nuclear, de entre 2.000 y 3.000 millones, es muy elevado, éste se compensa con costes de funcionamiento menores porque es "inmune" ante posibles variaciones en los precios de las materias primas, ya que para que un reactor funcione durante décadas sólo hace falta una cantidad limitada de uranio. Unos elementos que ahora deberán tener en cuenta los líderes de los Veinticinco durante el próximo Consejo Europeo de primavera donde se abordarán de nuevo estas propuestas. El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, reconoció ayer que el debate nuclear es polémico y también que la decisión final sobre el "mix energético" recáe en los gobiernos de los Veintisiete. No obstante, subrayó que lo que Bruselas hace es "darles los datos" y quedar "a disposición de todos aquellos Estados miembros que quieran utilizar la energía nuclear porque la Comisión Europea tiene competencias en materia de seguridad", explicó Barroso. Recientemente, tanto Finlandia como Francia han decidido expandir el uso de esta fuente energética, mientras que otros países como Holanda, Polonia, Suecia, República Checa, Letonia, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Bulgaria y Rumania han reabierto el debate público.Más energías renovablesAl margen de su apuesta por la energía nuclear, la Comisión Europea también cree que la fórmula para reducir la dependencia de los países que le abastecen de productos energéticos -para 2030 será del 65%- pasa por el fomento de las energías renovables y, sobre todo, la adopción de nuevas medidas que hagan realidad el mercado interior de la energía. Una solución pasa por la separación total entre las actividades de producción y distribución energética para mejorar la competencia y la entrada de nuevos operadores. Una fórmula que podría obligar a empresas como la alemana E.ON y la francesa EdF a separar su negocio, y que ya han rechazado tanto Berlín como París. Una oposición que ha llevado a la Comisión a incluir una alternativa en su propuesta que consiste en la creación de un operador independiente que gestione la red, independientemente de quien sea el propitario. Otra de las ideas para mejorar el mercado interior es la creación de una red europea de reguladores independientes.