Antonio González afirma que es el juez, y no la Comunidad de Madrid, quien decide si habrá una regulación de empleo MADRID. En el ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales no se ponen de acuerdo. El titular del departamento, Jesús Caldera, aseguraba hace unos días que los trabajadores afectados por Air Madrid no eran competencia de su Ministerio, sino de la Comunidad de Madrid "porque las sedes de la empresa estaban radicadas allí". Ayer, el secretario general de Empleo, Antonio González, matizaba a Caldera al asegurar que corresponde al juez decidir si se produce o no una regulación de empleo en la aerolínea.González señaló que se ha producido cierta "confusión" en torno a la posible presentación de un expediente de regulación de empleo por parte de Air Madrid. Según explicó, una vez que una de las partes -acreedores, empresa o trabajadores- presenta un procedimiento concursal ante el juzgado, "todo depende ya del juez". "La regulación de empleo la tendría que instar el juez. Air Madrid puede solicitarle al juez lo que quiera, los trabajadores y acreedores también, pero es el juez el que decide", subrayó González, que recordó que en este caso el procedimiento concursal tiene su origen en la suspensión de pagos.Para que el matiz de González sobre Caldera fuera menos agresivo, añadió que en caso de que la Justicia admitiera que debe efectuarse una regulación de empleo en Air Madrid, el juez sería el que tendría que dirigirse a las autoridades competentes para comunicar esta decisión que, en este caso competería "muy probablemente" a la Comunidad de Madrid. Por otro lado, el caso de Air Madrid empieza a ser algo más transparente, ya que se hicieron públicos algunos detalles de la aerolínea y su gestión durante la primera vista pública del caso. Uno de esos detalles es que la empresa Optursa, socio mayoritario de la aerolínea, inyectó 7,1 millones de euros entre el 15 de diciembre, fecha de suspensión de la actividad por parte de la compañía, y el 31 de diciembre de 2006. Con este nuevo dato el abogado de Air Madrid avaló su tesis sobre la solvencia de la aerolínea y defendió así la preferencia de la compañía aérea por la declaración del concurso voluntario en lugar del necesario, tal y como solicitaba la acusación del caso.