El Gobierno anunció ayer una norma para el sector y considera mercantil su actividadLa ley obligará a las empresas sólo a suscribir un seguro o aval bancario que proteja al clientemadrid. El Gobierno dio ayer los primeros pasos para iniciar la necesaria regulación del sector de bienes tangibles, al que pertenecen empresas como Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza, todas ellas bajo investigaciones judiciales por presuntos delitos de estafa a miles de ahorradores y blanqueo de dinero negro. El Ejecutivo sopesa iniciar la regulación de los bienes tangibles a partir de enero, a través de un anteproyecto de ley que protegerá a los usuarios de este tipo de inversiones. Sin embargo, en la ley que prepara el Gobierno, se evitará calificar a este tipo de entidades como financieras. En lugar de eso, seguirán siendo consideradas como empresas mercantiles.La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, presentó ayer durante la reunión de Consejo de Ministros un informe sobre dicho anteproyecto, cuyo objetivo es "aumentar la transparencia de estas empresas y la seguridad de los ciudadanos que adquieran estos bienes, así como ofrecer mayores garantías a los consumidores y una mejora en los mecanismos de información, publicidad y control de estas actividades". Protección a los consumidoresLa norma será de aplicación en las relaciones que se establezcan entre los consumidores y personas físicas o jurídicas que comercialicen bienes y servicios con oferta de restitución posterior de todo o parte del precio y, en su caso, con ofrecimiento de revalorización. En materia de protección a los consumidores, el anteproyecto obligará a las empresas a incrementar y a mejorar la información sobre estos bienes y servicios. La publicidad y la información precontractual de estas compañías, además de cumplir los requisitos de veracidad, "deberán dejar muy claro al consumidor que la naturaleza de estos bienes es no financiera y, por tanto, no podrán utilizar expresiones propias de este sector, tales como inversión, ahorro, rentabilidad, etcétera", explicó ayer el Gobierno. Además, la intención del Ejecutivo es obligar a este tipo de entidades a que la información que proporcionen a sus clientes sea comprensible y relevante, veraz y suficiente sobre las características del contrato, sobre sus condiciones jurídicas y económicas y sobre los bienes o servicios objeto del mismo. Otro de los puntos incluidos en el informe es que la oferta contractual será vinculante para el empresario, que deberá mantenerla durante 15 días en los cuales no podrá celebrarse el contrato, asegurando así al consumidor un período de reflexión sobre las condiciones que se le ofrecen. En todo caso, los contratos se formalizarán por escrito y el cliente deberá recibir un ejemplar del documento debidamente fechado y firmado. Cuando la actividad contratada comporte una revalorización del bien adquirido, el anteproyecto de Ley obliga a formalizar el contrato mediante escritura pública ante notario, que reflejará de forma clara y explícita los compromisos adquiridos por las partes. Además, a la fecha de formalización del contrato, la empresa deberá haber suscrito un seguro de caución, aval bancario o cualquier otra garantía prestada por bancos, cajas de ahorro o cooperativas de crédito, que asegure al consumidor el precio de adquisición inicial del bien objeto del contrato. Régimen de sanciones La ley será de aplicación no sólo a los nuevos contratos, sino también a aquellos cuya renovación expresa o tácita se produzca tras su entrada en vigor. Como garantía para el consumidor, se establece la nulidad de los contratos celebrados contraviniendo las disposiciones de la ley, quedando legitimado únicamente el consumidor para el ejercicio de la acción de nulidad. La prueba, en caso de celebrarse un juicio, correspondería siempre al empresario. En cuanto al régimen de infracción y sanciones, y en la determinación de la administración autonómica competente para controlar y vigilar a estas empresas, la ley remite a lo establecido en la legislación general de consumo estatal o autonómica. Esta será la primera vez que se regule la inversión en bienes tangibles, que ha estado desprotegida desde su creación. El PP, durante su mandato, traspasó a las Comunidades Autónomas la competencia sobre bienes tangibles, y luego el Gobierno socialista no desarrolló ninguna norma estatal, ya que las competencias estaban transferidas. Cuando estalló el escándalo, los ahorradores se encontraron con la dramática realidad de que ningún organismo público asumía la responsabilidad.s Más información sobre este tema en www.eleconomista.es