El Tribunal lo sobresee por falta de acusación válida. Adic recurrirá al Supremo madrid. Carpetazo al caso de las Cesiones de Crédito 15 años después de iniciarse, a raíz de una querella del empresario José María Ruiz Mateos, por carecer de acusación válida. Así lo decretó ayer la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para un proceso que imputaba al presidente del Santander, Emilio Botín, a los ex directivos del banco Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso, y a 20 clientes antiguos.El proceso se remonta a finales de los años ochenta, cuando la banca comercializó las cesiones de nuda propiedad -producto opaco al Fisco-. El Santander realizó 47.274 operaciones entre 1987 y 1989 por un valor próximo a 2.596 millones de euros (432.000 millones de las antiguas pesetas). Y, según los querellantes, algunos clientes no regularizaron bien su situación con Hacienda, con el apoyo del banco, lo que refutan los acusados.Las solicitudes de archivoA lo largo de los quince años que se ha prolongado la causa, el fiscal ha reclamado su archivo en 15 ocasiones y el abogado del Estado en otras 7, como representante de la Agencia Tributaria, es decir, como acusación particular o perjudicado. La última a finales de noviembre. La Audiencia las ha escuchado. El sobreseimiento libre del caso anunciado ayer fue decidido por "unanimidad" en el tribunal que preside el magistrado Javier Gómez Bermúdez tras evaluar los argumentos de las partes. Al igual que razonaron el fiscal y los abogados defensores, la Audiencia estima que la existencia sólo de la acusación popular -ejercida por la Asociación para la Defensa del Inversor y los clientes (Adic)- no es suficiente para abrir el juicio. El fiscal, Vicente González Mota, reclamó el archivo de un caso que juzgó atípico porque, tanto élcomo la acusación particular (Hacienda), llevan años pidiendo sobreseerlo y sólo se mantenía vivo a instancias de la acusación popular (defiende el interés general).La paradoja de las acusacionesLa Audiencia Nacional encuentra soporte en la ley para la petición del Fiscal y advierte que, de proceder en contra, podría ocurrir la paradoja de que se abriese juicio a instancias de alguien contrario a los intereses de los perjudicados. "Equivaldría a permitir que cualquier ciudadano no perjudicado u ofendido por el delito pueda, por su sola voluntad, actuar el ius puniendi, incluso en contra de los intereses del perjudicado u ofendido por el hecho ilícito y en contra del criterio del Fiscal", refiere el auto. La asociación Adic, ligada al ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar y que cifra en 84 millones el posible perjuicio al Fisco, recurrirá el auto al Supremo, avanzó Efe. Adic pedía 180 años de prisión para Botín y los dos ex ejecutivos del banco por supuestos delitos de falsedad mercantil y documental.IU-ICV, grupo del que se desconocía si sería admitido como acusación popular por presentar el escrito fuera de plazo, arremetió contra el auto. "Algo huele mal", dijo su portavoz en el Congreso, Joan Herrera, que acusó al Fiscal y Abogacía del Estado de "dejación de funciones", informó Ep.