La Agencia Tributaria ha embargado las cuentas de la firma ante el continuo impago de impuestosUn portavoz del grupo confirma que la deuda con el fisco es muy abultada y no se puede pagarmadrid. La sombra del fraude y la corrupción vuelve a planear sobre la Costa del Sol. La Fiscalía de Málaga está investigando a Incosol, una clínica de lujo especializada en tratamientos de estética y salud, propietaria también de un hotel de cinco estrellas en Marbella, por un presunto fraude fiscal. Según ha podido confirmar elEconomista de fuentes judiciales, la compañía ha sufrido ya dos embargos el pasado mes de julio. El primero lo realizó el día 20 la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 4,4 millones de euros y el segundo un día después la Diputación Provincial de Málaga por otros 208.000 euros más. Fuentes cercanas al proceso indican ahora que Hacienda reclama otros seis millones más al grupo, que tendría serias dificultades para hacer frente a los pagos.El propietario de Incosol es el empresario vasco Juan José García Egocheaga. Ante los graves problemas financieros que atravesaba la compañía, la pasada primavera estuvo negociando la venta de la misma a Juan Carlos Rodríguez Cebrián, sobrino de Amancio Ortega, el propietario del grupo de moda Inditex (Zara y Massimo Dutti). Cebrián ofreció 40 millones de euros, pero tras realizar una valoración interna de los activos, dio marcha atrás y rechazó la operación.Al borde de suspender pagosIncosol no ha depositado todavía en el registro mercantil las cuentas del año pasado. En las de 2004, BDO, la firma encargada de auditar sus cuentas, advertía ya que "la sociedad está generando problemas de liquidez y tensiones de tesorería, lo que ha supuesto que haya dejado de pagar en ejercicios anteriores ciertos impuestos y haya aplazado el pago de algunas deudas con terceros". El auditor se cubría las espaldas y llegaba a dudar de "la capacidad de la compañía para continuar con su actividad".Los dueños de Incosol realizaron entonces un ambicioso plan de reestructuración, inyectaron 5,2 millones de euros en la empresa y cambiaron a todo su equipo directivo y comercial, pero no consiguieron sanear sus cuentas. Ante la falta de pago, el 10 de noviembre de 2005 Hacienda exigió a la sociedad el abono inmediato de 9,4 millones en concepto de cuotas, sanciones e intereses por los impuestos entre 1999 y 2002, así como la eliminación de bases imponibles negativas por otros 22,9 millones. Sin embargo, Incosol ignoró estas exigencias y no realizó provisión alguna en el balance.Los problemas con la Seguridad Social se remontan a la pasada década, pero hasta este año las irregularidades no han pasado a los tribunales. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Fiscalía Anticorrupción tuvo conocimiento de los hechos pero al no tratarse de un tema con componentes de corrupción se envió todo el expediente a la Fiscalía de Málaga para que fuera ésta quien lo investigara. Registros en la sedeTras unos meses de pesquisas, en colaboración con la Agencia Tributaria, el expediente del caso Incosol pasó a los juzgados de Málaga. Y ahora es el juez instructor quien está ordenando las primeras diligencias, como los embargos. Según fuentes jurídicas, la semana pasada se practicaron también varios registros en la clínica de lujo para analizar diversa documentación relacionada con el presunto fraude y se llamó a declarar a varios empleados. Un portavoz de la compañía confirmó ayer la inspección abierta y reconoció que "la deuda con Hacienda es muy fuerte". Sin embargo, insistió también en que "no se ha cometido ningún delito y si no se ha pagado es porque no se ha podido hacer frente a las reclamaciones de la Agencia Tributaria". La compañía dice que los embargos están llegando en un momento muy delicado debido a que "el negocio empieza a ir bien". El grupo Incosol tuvo también hace meses un problema relativo a su proyecto inmobiliario Incosol Park Club, donde se ofrecían apartamentos de superlujo a clientes exclusivos. Las intenciones del presidente del hotel de lujo, Juan José García Egocheaga, de vender la empresa a otra compañía generó muchas protestas, e incluso demandas judiciales, de los propietarios de los apartamentos. La venta del grupo, que factura unos 12 millones de euros, habría supuesto que las suites se hubieran quedado sin los servicios del hotel, algo que expresamente venía incluido en el contrato de compraventa. Así, aunque la venta del hotel finalmente no se ha llevado a cabo, existen varias demandas contra el propietario en los juzgados de Marbella, a las que ahora se suman las investigaciones de la fiscalía de Málaga por los impagos a la Seguridad Social.