madrid. La Audiencia Nacional comunicará el próximo miércoles si se celebra el juicio oral contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, otros tres ejecutivos del banco y veinte clientes por el caso de las cesiones de crédito, por el que pudo haber un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez-Bermúdez, trasladará la decisión a las partes, después de escuchar sus argumentos durante las dos jornadas de cuestiones previas que tuvieron lugar el pasado mes. Mientras la acusación pide 180 años de cárcel para los directivos del Banco Santander, el fiscal Vicente González Mota coincide con las veinticuatro defensas de los imputados al pedir que no se inicie el juicio oral, pues carece de legitimidad la acusación encabezada por la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), a la que la defensa de Botín liga a Rafael Pérez Escolar, condenado por el caso Banesto. Además de pedir el sobreseimiento libre del caso, lo que significaría que los hechos relatados quedarían como "cosa juzgada", el fiscal se ha reservado las acciones legales. Esto, según fuentes jurídicas, podría afectar a los veinte clientes imputados por un presunto delito fiscal que se investigó en más de 47.000 operaciones por importe superior a 2.596 millones de euros. Entre los nuevos documentos aportados a la causa figuran dos informes periciales realizados a petición del Banco Santander, que avalan el archivo del caso de las cesiones de nuda propiedad, al no existir delito fiscal ya que, en el peor de los casos, la cuantía de lo defraudado por los 21 imputados no sobrepasa los 120.000 euros. Si los clientes tienen descubiertos por debajo de esta cantidad, no se habría cometido delito fiscal, sino una infracción tributaria grave que habrían de saldarse con Hacienda.