La Audiencia Nacional ha imputado a la cúpula de la organización de ciegos por el mismo casoEl organismo público se quedaría con parte de las 'series' y se aseguraría parte de los premiosmadrid. La sombra del fraude planea sobre el sector del juego en España. Tal y como adelantó elEconomista el pasado 20 de octubre, la Audiencia Nacional ha imputado a la cúpula directiva de la Once ante la sospecha de que está emitiendo entre un 40 y un 60 por ciento más de los boletos que vende para garantizarse una gran parte de los premios. Según la declaración ante el juez Ismael Moreno de los responsables de la organización de ciegos, a la que ha tenido acceso este periódico, "Lotería Nacional hace lo mismo". Los imputados son el actual presidente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Miguel Carballeda, el vicepresidente primero, Mario Loreto Sanz, y el presidente del grupo empresarial, José María Arroyo. Preguntado al respecto, el organismo público Loterías y Apuestas del Estado reconoce que, inicialmente, sólo saca a la venta el 70 por ciento de la emisión, reservándose el resto en caja. No obstante, señala también que los demás billetes pueden solicitarse hasta el martes de la semana en que se celebra el sorteo. El reparto de estos boletos se realiza mediante un servicio de transporte urgente a las administraciones de Lotería en un plazo inferior a 48 horas.Hablan las administracionesManuel Izquierdo, presidente de la Anapal, la asociación que representa a las administraciones de lotería, niega todas las acusaciones e insiste en que "la transparencia y el control sobre los billetes es absoluto". Según dice, "las administraciones recibimos el primer envío con un mes de antelación y vamos pidiendo más en función de las necesidades, pero es completamente falso que se emitan más boletos de los que se venden".La denuncia contra la Once fue presentada por la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la Once (Puedo), grupo opositor a la actual cúpula directiva encabezado por Miguel Durán, ex presidente del grupo. Durán reconoce que Loterías puede estar emitiendo hasta un 25 por ciento más de los que vende, pero insiste en que, al contrario de lo que hace la Once, "informa a través de su página web de los premios que se han quedado en la reserva". Loterías y Apuestas del Estado, que aportó el año pasado 2.000 millones de euros a las arcas del Estado, insiste, además, en que asume un riesgo: "Los premios obtenidos se pagan por el importe íntegro del premio anunciado, aunque la venta no alcance al cien por cien de la emisión". El caso de la Once es aún más llamativo. Según la denuncia de Puedo, "la organización emite, por ejemplo, 12 millones de boletos para el sorteo del cuponazo, y sólo vende 5,5 millones", con lo que en muchos casos se queda con los premios. La Once argumenta que saca a la venta todos los números y que si emite más es para que todos los quioscos puedan tener los que desean de acuerdo con las peticiones de los clientes. El problema radica en que se emiten 120 series de cada número, muchas más, presuntamente, de las que se venden. Los premios son de 35.000 euros al número ganador y 6 millones de euros a la serie y, según Puedo, la Once, al emitir más de los que comercializa, se queda con parte de los mismos. La organización mantiene, en cambio, que "el negocio está en dar premios" y en que se ajusta la tirada a las necesidades del mercado en cada momento.Según explica un portavoz oficial de la Once, "en Zaragoza, por ejemplo, la terminación 2008 se vende en media mañana porque corresponde al año en que se celebrará la Expo, pero en Cáceres es posible que no se venda. Lo que ocurre es que tenemos que tener todos los números disponibles en toda España para que la gente pueda comprarlos si así lo desea".Una denuncia polémicaLa plataforma encabezada por Miguel Durán ha tenido muchos problemas para que su denuncia fuera investigada. En un primer momento, no fue admitida a trámite por el juez Ismael Moreno, quien la archivó en 2004. La plataforma Puedo recurrió entonces a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quien ordenó investigar el caso. Según argumentaron los jueces, "no parece que se ha efectuado un adecuado análisis de los hechos (...) ni se ha procedido al estudio de la normativa que rige en el citado sorteo, en especial si existe alguna limitación en cuanto al número de cupones y series que se expiden, el destino de los cupones premiados no vendidos (...), debiendo verificarse si se ha producido un exceso de tirada y si la misma viene delimitada reglamentariamente (...) y el conocimiento que los denunciados tenían de los hechos (...)."