La denuncia de Céntrica coloca a España al filo del Tribunal de Justicia de la UEbruselas. Mientras Pedro Solbes se afanaba por la mañana en decir que las tarifas de la luz subirán en España como el IPC, la Comisión Europea parece tenerlo más claro: el precio de la energía debe subir lo que dicte el mercado, sin intervencionismo. Y a golpe de discrepancia con el ejecutivo comunitario, ya vamos por el cuarto expediente en Bruselas.El letón Andris Piebalgs, comisario europeo de Energía, avanzó ayer en una batería de 26 expedientes contra 16 países de la UE. Entre ellos cayeron dos ultimatos contra España: si no se pliega a la legalidad europea, Bruselas puede interponer un recurso dentro de dos meses ante el Tribunal de Justicia de la UE. La ofensiva de la Comisión Europea la desencadenó una denuncia de Céntrica. Bruselas la admitió a trámite y el pasado 4 de abril abrió dos expedientes contra España. Uno por "la existencia de precios regulados que bloquean la entrada en el mercado eléctrico de nuevos suministradores y benefician a los existentes". Otro por "ausencia de separación o separación insuficiente funcional y contable entre los gestores de las redes de transporte del gas y los operadores encargados de la distribución al cliente final, lo que impide garantizar su independencia". Estos dos expedientes se convirtieron ayer en los citados ultimatos.Bruselas exige respeto a las directivas comunitarias adoptadas en 2003 para regular el mercado europeo del gas y de la electricidad. España todavía ni siquiera ha concluido el trámite parlamentario para incorporarlas a su legislación nacional, requisito básico antes de empezar a pensar en respetarlas y aplicarlas. Sólo Luxemburgo acompaña a España en esta incómoda situación. Ambas directivas deberían estar en vigor desde julio de 2004. De hecho lo están, pero su aplicación en nuestro país sigue bloqueada por los retrasos parlamentarios.Un pleito perdido, otro al caerAdemás de estos dos expedientes concretos sobre tarifas reguladas de la electricidad y sobre el torceado de las empresas del sector del gas, Bruselas mantiene otros dos contra España. El pasado 16 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que efectivamente España estaba infringiendo el derecho comunitario por seguir sin aplicar la citada directiva de 2003 para liberalizar el gas. Si Bruselas considera que el Gobierno incurre en desacato y sigue sin someterse a la directiva y, además, a la sentencia, podría reabrir este expediente y solicitar al Tribunal de Justicia de la UE la imposición de multas millonarias.El cuarto expediente es por no aplicar la otra directiva energética de 2003: la del sector eléctrico. Este caso también ha llegado a los jueces comunitarios y la sentencia es inminente. Madrid asegura que con o sin aplicación de la normativa comunitaria, el mercado energético español es de los más liberalizados.