Francisco Prada, su esposo, coincidió con el abogado de Endesa en la Sepi madrid. Gas Natural e Iberdrola pidieron ayer la recusación de Miriam Iglesias, la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, por la relación laboral de su marido, Francisco Prada Gayoso, con el director de la asesoría jurídica de Endesa, Borja Acha.La petición fue presentada a primera hora de la mañana de ayer por Gas Natural y refrendada después por Iberdrola cuando tuvo conocimiento de la misma a través de sus procuradores.La recusación de Miriam Iglesias se basa en las decisiones que ha adoptado la juez ante las peticiones de Endesa y en la trayectoria profesional de su marido.Trabajaron juntosFrancisco Prada, inspector de finanzas en excedencia y un prestigioso abogado en derecho mercantil y concursal, coincidió en 1991 con Acha en varios casos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los que el primero actuaba como interventor.Cuando Prada fue nombrado presidente de la Agencia Industrial del Estado fichó a Borja Acha como director de la asesoría jurídica o secretario del consejo de la Agencia, en la que permaneció hasta 1998.Posteriormente, ambos continuaron compartiendo destino profesional en la Sepi, participando en privatizaciones de empresas estatales como Endesa.En su escrito, Gas Natural reflejará previsiblemente las quejas que ha formulado recientemente sobre la negativa de la juez Iglesias a aceptar las pruebas solicitadas por las demandadas que han visto como se desestimaba su petición de comparecencia de testigos clave como el consejero delegado de la gasista, Rafael Villaseca, y del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Este hecho ya fue calificado por la gasista catalana como especialmente grave, puesto que su defensa tenía que basarse en la imposibilidad de probar la existencia de un acuerdo entre ambas.A la vista de los argumentos de la recusación, Iberdrola decidió adherirse en aras de la transparencia. La eléctrica indicó ayer que siempre ha defendido que todas sus actuaciones se ajustan a las leyes vigentes y que el acuerdo firmado con Gas Natural el 5 de septiembre de 2005 es una operación de concentración con arreglo al Reglamento Comunitario de Control de Concentraciones y a la Ley Española de Defensa de la Competencia.La juez desestimó la semana pasada una petición de la eléctrica de un informe de la Comisión Europea sobre dicho reglamento aplicado al acuerdo entre ambas empresas.Fraude procesalLa ley establece que la recusación debe ser invocada en el momento en el que se tiene conocimiento de los hechos. Gas Natural ha esperado a la fecha previa de la vista oral para presentar dicho escrito, "lo cual -según fuentes de Endesa- constituye un fraude procesal y una actuación maliciosa" pero dejaría la puerta abierta a que pueda ser aceptada, ya que Iberdrola habría conocido esta situación tras la recusación presentada por la gasista.La Audiencia Provincial de Madrid será, por lo tanto, la encargada de resolver la petición de Gas Natural e Iberdrola. Para ambas empresas, por lo tanto, existen indicios de que la Juez Iglesias podría tener ideas preconcebidas en relación a este asunto, lo que mermaría su necesaria independencia de criterio e imparcialidad.Respeto a la JusticiaGas Natural quiso dejar claro que respeta profundamente el sistema judicial español, pero que no obstante, en circunstancias como la presente y haciendo uso precisamente del derecho a un Juez independiente e imparcial, la compañía debe de actuar de esta forma, para defender en todo momento su integridad y sus derechos, así como la de sus accionistasOtras fuentes indican que Prada también contrató en 1996 a Francisco Pérez-Crespo Payá, un abogado del estado que trabaja para el despacho Cuatrecasas y que asesora a Gas Natural en la opa y que por lo tanto tenía la misma relación con Acha que con Pérez-Crespo.Tras presentarse ayer la recusación, las vistas previstas para esta semana quedaron suspendidas hasta que se resuelva la petición de Gas Natural e Iberdrola.Miriam Iglesias aceptó las medidas cautelares que paralizaron la opa de Gas Natural y le impuso a Endesa una caución de 1.000 millones de euros.