Bolivia quiere pagar 'en especie' las acciones que compre a las compañías petrolerasla paz. La petrolera hispano-argentina Repsol YPF anunció ayer que ha presentado una querella por estafa contra la empresa boliviana a la que contrató el campo de gas de Margarita, después de que la fiscalía retuviera el mes pasado unos equipos del yacimiento. Así lo anunció el ex presidente de la petrolera en Bolivia, el español Julio Gavito, tras prestar una declaración informativa en la investigación abierta por el supuesto ingreso irregular de parte de la maquinaria de la planta al país andino. Por otra parte, el Gobierno de Bolivia asegura haber tomado control de la gestión de las petroleras extranjeras que operan en el país andino después de que el lunes anunciara el nombramiento de los directores y síndicos que representarán al Estado en los consejos de dirección de las empresas. A partir de ahora se abre un proceso de negociación sobre el porcentaje de acciones que deberán transferir al Estado para obtener la mayoría de las empresas de su propiedad. El nuevo consejo de dirección de las empresas estará formado por siete miembros, de los que cuatro corresponden a los directores nombrados anoche por el Ministerio de Hidrocarburos, en nombre de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Los otros tres directores corresponderán a los representantes de las empresas. Fuentes oficiales bolivianas han explicado a Europa Press que con la conformación de los nuevos directorios, que ya ha sido comunicada a las empresas implicadas, el Estado controla la gestión, ya que tienen mayoría en el consejo, por lo que todas las decisiones que se adopten deberán ser aprobadas por los directores. Aunque todavía no se tomado ninguna decisión al respecto, el Gobierno de Evo Morales estudia la posibilidad de pagar "a largo plazo y en especie" las acciones que necesita para hacerse con el control de las petroleras. Es uno de los puntos principales de las negociaciones entre el Gobierno boliviano y las empresas. El decreto que ordena la nacionalización del gas y el petróleo bolivianos establece que el Estado tendrá el 50 por ciento más uno de las acciones. En el caso de Andina, filial de Repsol YPF, el Estado debe adquirir el 2 por ciento.El Tribunal Constitucional de Bolivia anuló las órdenes de detención dictadas hace dos meses contra dos ejecutivos de Repsol YPF por un supuesto contrabando de petróleo, según una sentencia divulgada ayer.