La Comisión ha optado por no imponer ninguna obligación en materia de RSCMADRID. El lobby empresarial ha alcanzado su objetivo. Después de cinco años negociando en los pasillos de la Comisión Europea, las compañías han conseguido que Bruselas no adopte medidas en defensa de la denominada Responsabilidad Social Corporativa.Bajo este nombre se esconde un paso más allá del Buen Gobierno, que afecta a todos los flancos éticos y sociales de las compañías (respeto al medio ambiente, a los derechos humanos, laborales, de los inversores, proveedores, clientes, accionistas, etc.)Un campo de batalla donde las ONGs (Organizaciones no Gubernamentales) han intentado plantar cara a las cúpulas empresariales, con el objetivo de garantizar unas reglas de juego limpias. Sobre todo, en el Segundo y Tercer Mundo, donde periódicamente se repiten escándalos por diversos tipos de abusos. Pero sus intenciones han caído en saco roto.El lobby de BruselasHoy, la Comisión prevé presentar un documento de 11 páginas donde concluye que respaldará cualquier iniciativa en materia de RSC, pero no toma medidas legales ni propone recomendaciones al respecto. La Comisión ha optado por un camino intermedio, una escueta declaración de intenciones donde anima a todas las compañías a suscribir la Alianza Europea de RSC."La Comisión llama a todas la partes implicadas a contribuir en la implementación de esta ambiciosa iniciativa", se limitan a decir desde Bruselas. Esta iniciativa persigue que desde las compañías, los Gobiernos, las ONGs y cualquier colectivo se fomente las conciencia social. "Gracias a la RSC, las empresas pueden ayudar a reconciliar las ambiciones económicas, sociales y medioambientales", añaden en Europa.Con este documento, la Comisión cierra un capítulo que abrió hace cinco años, cuando publicó el Libro Verde, un compendio de buenas prácticas empresariales que desde muchos frentes se interpretó como la mecha que encendería la llama de la RSC.Un documento que levantó ampollas en algunas cúpulas empresariales, que pusieron en marcha toda su maquinaria para frenar una posible imposición, como sí ha hecho Europa en materia de Buen Gobierno. El lobby más activo, según fuentes cercanas a la Comisión, ha sido la Unión des Industries de la Communauté Européenne (Unice), cuyo representante en España es la patronal de los empresarios (CEOE).Durante los últimos cinco años, ha intentado defender su postura frente a las presiones de las ONGs, los representantes de los trabajadores y diversos colectivos de accionistas, que defendían un marco europeo establecido de RSC.No obstante, la Comisión ha prometido algunas mejoras, que sus detractores tachan como laxas: financiar investigaciones, fomentar la educación en esta materia, proponer acuerdos comerciales que incentiven la responsabilidad social y elaborar este año un documento sobre lo que Bruselas considera trabajo digno.