El juez Garzón afirma que una filial de la filatélica pagó dinero ilegal a las autoridades tinerfeñasEn la trama también está comprometido el presidente de la Autoridad Portuariamadrid. Las presuntas actividades ilícitas de Fórum Filatélico no se limitaron únicamente a los sellos. El juez Baltasar Garzón emitió ayer un auto en el que relaciona a una filial de la empresa filatélica, Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, con una presunta trama de comisiones ilegales relacionadas con distintas operaciones urbanísticas en la isla de Tenerife.En el presunta caso de corrupción están implicados el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (Coalición Canaria), el presidente de la Autoridad Portuaria de la isla, Luis Suárez Trenor, así como el ex presidente de Fórum, Francisco Briones, su asesor jurídico, Juan Ramón González, y el director general, Antonio Merino.Además, en la intriga participaron también presuntamente distintos abogados de los bufetes Prius y Cuadra Asociados, el arquitecto Julio Aumente, la asesora urbanística del Ayuntamiento, Herminia Gil, y el presidente de la Asociación de Vecinos de San Andrés y Anaga (Tenerife).Operaciones inmobiliariasSegún el auto de Garzón, que es consecuencia de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, la filial de Fórum venía desarrollando, al menos desde 2004, "determinadas operaciones inmobiliarias relacionadas, por una parte, con la gestión de una concesión administrativa para la construcción de un puerto deportivo en Santa Cruz de Tenerife y, por otra, con dos parcelas de terreno situadas en Valle de Tahodio". La trama se realizó a través de otra sociedad propiedad de la filial de Fórum, denominada "Parque Marítimo Anaga". Según el auto del juez, "en el curso de esas operaciones habrían podido ser solicitadas ciertas cantidades de dinero por parte de diversas autoridades locales a las personas comprometidas en la gestión del puerto deportivo y de los terrenos".No obstante, según puntualiza Garzón, hasta el momento no existe constancia "de si las cantidades han sido pagadas y recibidas".Entre las personas presuntamente solicitantes o aceptantes de cantidades dinerarias se encuentran la más alta autoridad de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife (el alcalde, el presidente de la Autoridad Portuaria y varios asesores), así como varios ex directivos de la empresa filatélica. En total, se trata de 14 personas sobre las que Anticorrupción ha encontrado indicios de que están implicados en la trama de comisiones presuntamente ilegales. El juez Garzón, como pedía la Fiscalía, se ha inhibido en el caso a favor de los juzgados locales de Tenerife, remitiendo toda la documentación a los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, ya que la Audiencia Nacional no es competente al tratarse de un caso de presunto cohecho. Garzón deja abierta la puerta a más implicados en la trama, una vez que el juzgado que resulte competente determine si se hicieron los pagos y quién o quienes los realizaron y los recibieron. Blanqueo de capitalesHasta ahora, la investigación sobre Fórum Filatélico había conducido, además del presunto delito de estafa a miles de clientes, hacia un presunto blanqueo de capitales relacionados con el narcotráfico. De hecho, Garzón abrió una pieza separada para investigar esa línea, que conecta supuestamente a la empresa filatélica con una red internacional de delincuentes que usaban la infraestructura de Fórum para lavar dinero negro.Pero con el auto de Garzón de ayer se pone de manifiesto que la empresa había desarrollado también operaciones urbanísticas presuntamente ilegales a través de sus contactos en las corporaciones municipales. Fórum también posee diversos inmuebles y terrenos en Málaga, documentación que también está investigando la Fiscalía.Las pruebas que han conducido a esta parte de la investigación se incautaron en los diferentes registros de la sede de Fórum Filatélico de la calle José Abascal, en Madrid. En los registros se encontraron diferentes documentos que relacionaban directamente a los ex directivos de Fórum con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife.El delito de cohecho en el que podrían haber incurrido las 14 personas mencionadas en el auto de Garzón está penado con la pena de prisión de dos a seis años, una multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a doce años. El cohecho consiste, según el Código Penal, en la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito.