El Fondo de Garantía de Depósitos tendrá que aportar el dinero que se ejecute de los avalesmadrid. "El transitorio problema de liquidez" que sufre Caja Castilla-La Mancha, en palabras del vicepresidente Pedro Solbes, se solventará gracias al esfuerzo económico del resto del sector, que tendrá que devolver al Tesoro la cantidad que éste inyecte en la entidad manchega. Según explica el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros en sesión extraordinaria, en caso de "eventual ejecución de las garantías, el Fondo de Garantía de Depósito en Cajas de Ahorros reembolsará al Tesoro Público la cuantía que resulte de aplicar a la cantidad a satisfacer por éste al Banco de España el porcentaje que representen los depósitos garantizados por el Fondo sobre las obligaciones exigibles de la entidad". Esto quiere decir que el Estado, con la concesión de avales, sólo anticipa a través del Tesoro los fondos que se necesiten inyectar en la caja, pero el rescate de la entidad se pagará a través del FGD. Este fondo está constituido por las aportaciones periódicas que realizan las cajas de ahorros, (un 1 por mil de su pasivo), y sirve tanto para garantizar en caso de liquidación de una entidad la devolución de 100.000 euros a cada depositante, como para sufragar el rescate de una entidad en problemas. En estos momentos, la cuantía del FDG se aproxima a los 4.000 millones de euros y según explicó ayer Solbes, el Banco de España estima que Caja Castilla-La Mancha necesitará una inyección de entre 2.000 y 3.000 millones. En otras intervenciones, como la de Banesto, el FGD, esta vez de los bancos, quedó en números rojos, por lo que recibió un préstamo del Tesoro y se procedió a la venta de activos de la entidad para resarcir parcialmente al FDG del gasto en el que había incurrido. La venta de activos de Caja Castilla-La Mancha es una opción que tendrán que estudiar los administradores nombrados por el Banco de España, cuya primera misión será conocer cuál es el estado financiero de la entidad, para saber qué camino es más adecuado para devolver la caja a la normalidad. Aunque Solbes sólo se refirió a problemas de liquidez, que podrían agravarse por efecto de la intervención, el Banco de España también aludió a requerimientos de capital, es decir, de solvencia, para justificar la intervención de la caja de ahorros. El Real Decreto, que entró en vigor el pasado domingo, también autoriza el otorgamiento de garantías por un importe máximo de 9.000 millones con cargo a los Presupuestos y la sustitución provisional de los administradores.