No ve delito en la intervención del banco y advierte que, en todo caso, habría prescrito madrid. Ni hay delito en la intervención de Banesto ni podría juzgarse por haber prescrito. Son las conclusiones a las que ha llegado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al analizar la querella presentada por el ex consejero de Banesto, Rafael Pérez Escolar, contra el presidente del Santander, Emilio Botín, y otros 21 ejecutivos actuales y antiguos. Pérez Escolar, condenado por el Caso Banesto, denunció al banquero y a los directivos por supuesta apropiación indebida de 4.507 millones de euros pertenecientes a Banesto, informó ayer Ep. A la cifra se suman otros 1.965,3 millones por supuesta malversación de caudales públicos y 1.574,6 millones por fraude tributario, que elevan el montante final a 8.047 millones, detalló Efe.Primero fue el fiscal Carlos Bautista el que solicitó archivar el caso y ahora Garzón lo ejecuta. El magistrado entiende que la querella "se funda en una cadena de hipótesis no contrastadas" y que contradicen los informes que en su día emitieron los auditores externos, el Banco de España y los demás organismos que autorizaron la intervención de Banesto en 1993.Pérez Escolar denunció una supuesta apropiación de fondos utilizando a la compañía SCI Gestión. Pero Garzón no detecta "ninguna irregularidad" en que dicha sociedad gestionase los activos dudosos para no "afectar al equilibrio patrimonial de Banesto", con la autorización del Banco de España. "Ni se descubre la intención maliciosamente lucrativa de los querellados ni mucho menos, las supuestas confabulaciones y acuerdos torticeros entre los querellados por causar el perjuicio" que denuncia la demanda, dice el auto de Garzón. Y, en todo caso, cualquier hecho punible habría prescrito ya. El juez de la Audiencia Nacional recuerda al respeto que la comisión del supuesto delito habría que situarla en 1994, cuando se produjo el traspaso de activos a SCI Gestión.