Se imputa a Emilio Botín, a tres antiguos directivos del Santander y a veinte clientes por un presunto delito fiscal MADRID. Y van 15 veces. El fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, pidió ayer de nuevo el archivo del caso de las Cesiones de Crédito que se sigue desde 1991 contra el presidente del grupo Santander, Emilio Botín, tres ex directivos del banco y 21 antiguos clientes. La causa tiene su origen hace 15 años en una querella de José María Ruiz Mateos contra la venta en 1988 y 1989 de cesiones de crédito, productos opacos al fisco que comercializaron bancos y cajas. El Santander realizó 47.274 operaciones. Lo que está en juicio es que los clientes rindieran cuentas a Hacienda y el papel que jugó el banco. Al principio, el Ministerio Público y el abogado del Estado, que defendía a la Agencia Tributaria, apoyaron el proceso. Pero sus tesis cambian. En 1996, el abogado del Estado pide ya el sobreseimiento, y en 1998 se suma el fiscal. ¿Y el caso? Sigue adelante, y la juez que lo instruyó, Teresa Palacios, dictó hace dos años la apertura del juicio oral, al apreciar indicios de delito.Tras la investigación de Palacios, el proceso recala en otra sala de la Audiencia Nacional para ser juzgado. Y el fiscal Vicente González Mota volvió a repetir ayer el 'no ha lugar' durante las "cuestiones previas", donde las partes fijan su postura y aportan, en su caso, otras pruebas. El Ministerio Público demandó el sobreseimiento con el argumento de que "no hay acusación válidamente constituida", al actuar la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (Adic) como acusación popular. Es decir, en defensa del interés general. No está personado ningún supuesto perjudicado, y la Abogacía del Estado, que representa al Fisco, pidió también el archivo en siete ocasiones. El fiscal primero y la defensa de los acusados después enrocaron los alegatos sobre el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que viene a decir que el juez debería archivar la causa si lo demanda el fiscal y la acusación particular -los perjudicados-. Si el juicio sigue adelante, el fiscal podría pedir absolución o condena, en función de lo que quede probado. Los letrados de los acusados se adhirieron al alegato del fiscal. "Es un caso único en la historia judicial española. El Fiscal y el abogado del Estado piden el archivo y no es fruto de la improvisación sino del seguimiento de la causa durante años", dijo González Rodríguez Mourullo, defensa de Emilio Botín. Aún queda por resolver si el tribunal admite la personación de IU-ICV como acusación popular, al haber presentado su escrito fuera de plazo. Mañana, el turno de Adic, que pide 180 años de cárcel para Botín y los ex directivos Rodrigo Echenique, José Ignacio Uclés y Ricardo Alonso por delitos contra el Fisco y falsedad documental.