El organismo regulador asegura que "no existe voluntad de cambiar"madrid/BARCELONA. El Tribunal Supremo le ha dado la razón a la Comunidad de Madrid y a un grupo de trabajadores en su disputa por evitar que la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se trasladara a Barcelona, donde ya lleva ejerciendo sus funciones de organismo regulador de las telecomunicaciones desde hace más de año y medio. El pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha estimado los recursos interpuestos por la Comunidad Autónoma presidida por Esperanza Aguirre y un grupo de trabajadores de la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones contra el Real Decreto 2397/2004 de 30 de diciembre que establecía el cambio de dicha sede a la Ciudad Condal.Según el alto tribunal, se consideran insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del referido Real Decreto. En un breve comunicado del Tribunal Supremo se añade que "en los próximos días se hará pública la sentencia así como los votos particulares anunciados".El traslado de la sede de la CMT fue una decisión polémica desde el primer momento y tuvo, sobre todo, una lectura política ya que el Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero explicaba que el cambio de sede se debía "a la lógica del Estado de las Autonomías".Desacuerdo con BruselasNo ha sido el primer varapalo que ha recibido el Gobierno por esta decisión. El pasado febrero, Bruselas incluyó en su informe anual sobre los mercados de las telecomunicaciones de la UE una dura referencia a la CMT. Recalcaba que la huida de cerebros y personal cualificado del organismo público ha sido la causa de que el regulador no haya cumplido sus compromisos adquiridos con Bruselas. La CMT evitó anoche responder al anuncio del Supremo ni aclaró si decidirá recurrir la decisión judicial "a la espera de analizar días el contenido de la sentencia". Fuentes próximas al organismo aseguraron que "lo que está claro es que la CMT tiene una sede en Barcelona y no existe voluntad oficial para cambiar". Por su parte, el Ministerio de Industria indicó que esta decisión "no deslegitima ni cuestiona la iniciativa del Ejecutivo", mientras que el conseller de Economía de la Generalitat apuntó que "respetamos pero deploramos la resolución del Tribunal Supremo". Y la Comunidad de Madrid expresó su "satisfacción, que evitará los perjuicios causados a los trabajadores de la CMT".