Uno de los retos que afronta el transporte en el proceso de desescalada es evitar que el incremento de la movilidad lleve aparejado un aumento de los contagios. Las mascarillas y la distancia social se han puesto en el centro del debate como las medidas estrella para acotar los riesgos pero, mientras existe un aparente consenso sobre la efectividad de las mascarillas, la restricción de la capacidad en los autobuses, aviones o trenes no tiene el mismo respaldo por el daño económico que genera y su limitado impacto. El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, tiene igual de claro que la "distancia física" es un elemento más que hay que tener en cuenta para garantizar la seguridad sanitaria, como el fuerte daño que las restricciones a la movilidad están infligiendo a las empresas de transporte y la economía. Por ello, Saura no duda en defender el papel del Estado para "minimizar los efectos negativos de la hibernación" y de la inversión público-privada para reactivar la economía. "Necesitamos un sector público y un estado del bienestar robustos. Esto es lo que ha puesto de manifiesto la crisis. La idea del PP de incrementar el gasto público, reducir el déficit y bajar los impuestos es populismo fiscal", asegura Saura en una entrevista con este diario realizada por videoconferencia.¿Cree que la distancia social es fundamental para garantizar la seguridad sanitaria en los aviones?Pensamos que la distancia social, la distancia física, es un elemento más de un conjunto de medidas para dar la seguridad y certidumbre que necesitan los ciudadanos y el sector aéreo. Es una medida, pero no tenemos que olvidar, por ejemplo, el conjunto de medidas que se toman dentro de un aeropuerto, desde la limpieza, la desinfección, la reserva de áreas específicas, el uso de la tecnología para la detección automática de temperatura, el sistema de reconocimiento facial, el proceso de escalonado en el embarque, la ventilación... En definitiva, hay que plantear y aplicar un conjunto de medidas de seguridad que den certidumbre y hacerlo en armonía con la Unión Europea, ya que es muy importante garantizar al sector aéreo una homogeneidad a nivel europeo.Entonces, ¿la distancia social se va a aplicar definitivamente?No podemos entender la distancia social de una manera aislada. Si no se toman otra serie de medidas los resultados de aplicar la distancia física o cívica, como quiera llamarla, van a ser mucho menores, y al revés. Por ejemplo, el uso de las mascarillas. Hay que verlo en su conjunto para tener una mayor seguridad y que esto sea aplicado en toda Europa de tal manera que se homogeneicen las medidas.¿Distancia social sí, mascarillas también?Efectivamente. Lo que pasa es que el resultado de esa medida tiene que ver con otras que se apliquen además de esa.El sector aéreo está en contra de que se tome esta medida porque alega que no es efectiva...Ya hemos trabajado con las autoridades sanitarias para reactivar el transporte urbano y es muy importante poner la distancia física en relación a otras medidas. No es lo mismo si los pasajeros llevan mascarilla que si no la llevan. No es lo mismo si hay trabajo previo en el aeropuerto que si no lo hay. La distancia física se tiene en cuenta en todos los medios de transporte. En todos. En el caso del transporte urbano se ha planteado un máximo de dos personas por metro cuadrado cuando van de pie porque el uso de mascarilla es obligatorio.Hablando del transporte público, los consorcios están pidiendo partidas extraordinarias para afrontar la caída de los ingresos y el alza de los costes. ¿El Ejecutivo está preparando algún tipo de partida para compensar el impacto económico?El Gobierno tiene muy en cuenta que el transporte es uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria porque, para que no se propague la enfermedad, ha sido clave restringir la movilidad y eso tiene un efecto sobre sus cuentas. El Gobierno está trabajando con el resto del Ejecutivo y particularmente con Hacienda en cómo se va estructurar ese fondo de 16.000 millones para las Comunidades Autónomas. Una partida importante tiene que ser destinado al transporte. Y estamos trabajando en cómo diseñarlo y, por supuesto, también con relación a las concesiones.¿Cuánto dinero tienen previsto destinar al transporte?Estamos analizando cuáles son los incrementos del déficit que se está produciendo en este tipo de transporte. Estamos objetivando la cantidad para saber qué recursos del fondo se deben destinar.Atuc y Confebus hablan de más de 3.300 millones...He leído esa cantidad pero el Ministerio está trabajando en ella y es pronto para dar una cifra.Las aerolíneas también están muy afectadas por esta crisis. ¿Se está trabajando en alguna línea de financiación específica para el sector? El Gobierno español entiende que el sector aéreo es estratégico para la economía por su relación con el turismo y que es uno de los ámbitos más afectados. Trabajamos muy directamente con el sector, hacemos un seguimiento de cuál es su situación de liquidez y estamos siendo proactivos con el ICO para que estas líneas consigan la financiación necesaria. Hay que explorar todas las posibilidades que nos da esta línea de liquidez de 100.000 millones que el Gobierno ha puesto en marcha con avales del ICO. ¿El Gobierno contempla entrar en el capital de las aerolíneas para rescatarlas, como Alemania?Creemos que hay que estar muy atentos a cómo marcha la situación económica y la gestión de las aerolíneas, pero el Gobierno no está pensando en intervenir ni en entrar en el capital de estas compañías.En este contexto de limitación de la movilidad se sigue avanzando en la liberalización ferroviaria. ¿Habría que replantearse el calendario? No tiene que haber retrasos en la liberalización. Es una oportunidad para el conjunto de los ciudadanos, la economía y el sector ferroviario español en un momento en el que se espera que haya menos movilidad de largo y medio recorrido cuando pase la pandemia. La competencia es una oportunidad para ofrecer calidad y precios asequibles con unas medidas de seguridad sanitarias que den tranquilidad. No estamos pensando en ningún retraso. ¿Se van a reactivar los concursos para la compra de Cercanías?Renfe ya está trabajando en esa reactivación. Ha habido unas semanas en las que, de acuerdo con el estado de alarma, se congeló el trámite administrativo pero me consta que Renfe ya está trabajando en reactivar el proceso porque quiere cumplir los plazos comprometidos.Las empresas públicas también están sufriendo los efectos de esta crisis. ¿Hay algún plan del Ministerio para amortiguar el impacto?Estamos trabajando en un adelgazamiento de costes, en una racionalización en la gestión de los recursos de estas entidades. Afecta a Renfe, a Adif, a Seittsa, a Aena... Junto a esto es muy importante el Plan de Reconstrucción europeo porque una parte muy significativa va a ir a la rehabilitación de vivienda y a la movilidad verde. Es un instrumento muy necesario para sostener la inversión pública en el futuro. ¿Cómo participará el sector privado en ese plan?Queremos que la inversión pública no sea la variable de ajuste que ha sido en el pasado. Estamos trabajando con el sector privado porque una inversión pública distinta, un sector de la construcción distinto, que incluya más innovación, más economía verde, más pacto verde, más social en la política de vivienda, tiene un efecto tractor muy importante para la recuperación económica y ahí necesitamos la colaboración pública-privada y el Plan de Reconstrucción. ¿Esta colaboración público-privada cómo va a instrumentarse? Tenemos experiencias recientes que no se han concretado, como el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC)...Hemos estado trabajando con las autoridades europeas para que esa colaboración público-privada, el PIC, no llegue a incrementar el déficit público y la deuda pública. Esperamos tener resultados de manera inmediata. Si queremos una colaboración público-privada estable en el tiempo, que compense la caída de la inversión pública, necesitamos un instrumento donde el reparto del riesgo sea equilibrado. ¿En qué punto está el PIC? ¿Se compromete a sacarlo adelante? ¿Cuándo arrancará?Está una situación muy madura para que sea un instrumento de cara al sostenimiento de la inversión pública y sí, ya se ha comprometido en la pasado y así será. Prefiero no adelantar ninguna fecha, pero va a ser una palanca muy importante. Los inversores ponen en duda el atractivo de la colaboración público-privada en España con la ley de desindexación que limita la rentabilidad de los proyectos. ¿El Gobierno se plantea cambiarla? El Gobierno no está planteando cambiar ese precepto legal. Pensamos que con el diseño de una nueva colaboración público-privada puede ser atractiva para el sector privado y no implica un riesgo para los contribuyentes.Además de carreteras, ¿en qué ámbitos van a recurrir a la colaboración público-privada?La rehabilitación de vivienda. En España de media se rehabilitan en torno a 30.000 viviendas desde el año 2000. El objetivo del Gobierno es poder rehabilitar para reducir los gases de efecto invernadero 300.000 viviendas en 2030 (1,2 millones en total). Para eso inevitablemente necesitamos la colaboración público-privada, al igual que para la construcción de vivienda asequible. Entre el 70 y el 80% del empleo que crea el sector de la construcción lo crea la construcción residencial.¿Cuándo se aprobará el plan de limitar el precio de los alquileres de vivienda?Este proyecto teníamos pensado que entrara a principios de verano en el Congreso. No va a poder entrar porque evidentemente hemos estado centrados en otras prioridades en materia de vivienda. También pensamos que ahora mismo la caída de rentas que se está produciendo no va a tensionar el mercado del alquiler ni el mercado de la vivienda en su conjunto. En este momento, además de que el Ministerio de Transportes ha estado trabajando en otras cuestiones más urgentes, este Proyecto de Ley es menos necesario porque no se prevé una tensión de precios en el corto y en el medio plazo. ¿Qué caída de precios prevé?No hemos hecho ninguna estimación, pero los primeros datos sí apuntan a esa tensión es menor. Los propietarios denuncian problemas para cobrar alquileres porque los inquilinos no están accediendo fácilmente a los préstamos del ICO. ¿Cómo está funcionando? ¿Prevén tener que ampliarla?Es una línea nueva que beneficia tanto a los inquilinos como a los propietarios. El sábado (2 de mayo) se publicó en el BOE el convenio entre el ICO y el Ministerio de Transportes. Es una línea importante, muy ambiciosa, que hay que contar con todo el sistema financiero, pero los derechos de los inquilinos lo son a partir de su publicación en el BOE de la norma.El sector privado insiste en la introducción de peajes 'blandos' en las carreteras de alta capacidad o algún impuesto finalista para su mantenimiento. ¿Está en los planes del Gobierno?Es un debate abierto, pero el Gobierno no está pensando en ese tipo de peaje ahora precisamente. No creo que sea en este momento el camino y, por consiguiente, no está encima de la mesa. Sin peajes, con la reversión de las autopistas que vencen y con un Presupuesto insuficiente para la conservación de las carreteras, ¿cómo se resuelve la ecuación?Por una doble vía. Tenemos que reasignar recursos hacia la conservación. Y en segundo lugar es muy importante para España que se incrementen los fondos europeos. Y una tercera que es la colaboración público-privada a la hora de construir nuevas carreteras.