Desde el año 2014 y hasta que José María Álvarez-Pallete decidió normalizar la política de dividendo de la empresa, Telefónica pagó parte de sus dividendos en scrip, lo que unido a la ampliación de capital lanzada en 2015 para completar la compra de la brasileña GVT aumentó un 12% el número de acciones en circulación, diluyendo sensiblemente al inversor que decidió cobrar su dividendo en efectivo. Ahora, teniendo en cuenta la aceptación histórica, la vuelta al scrip por dos pagos llevaría la dilución por encima del 6% a los precios actuales.La compañía ha confirmado el dividendo de 40 céntimos con cargo a 2020, pero también ha informado de que propondrá a la junta que el pago del segundo tramo de 2019 y el primero de 2020 se hagan bajo esta modalidad. En un primer momento los títulos de la compañía llegaron a anotarse una subida del 4,4%, para cerrar la sesión prácticamente planos.Cada pago de 20 céntimos supondría un aumento del 4,7% de los títulos en circulación si todos los accionistas decidiesen recibir los pagos en acciones en los precios actuales. Bajo este supuesto, la política de retribución dejaría sin dividendo a los accionistas, ya que ni tendrían un porcentaje mayor de la empresa –ya que nadie se diluiría– ni nadie cobraría en efectivo. El abono de los segundos 20 céntimos provocaría otra dilución del 4,7%, lo que unido a la anterior llevaría el incremento del número de acciones en circulación cerca del 10%.Una aceptación del 70%Con la acción en la zona de los 4,25 euros y en precios no vistos hace casi 25 años, volver al pago en papelitos supone una dilución muy difícil de digerir para el inversor que lleva años sufriendo un vía crucis bursátil. El castigo infligido por el mercado a la compañía –que para muchos parece difícil de explicar– ha disparado la rentabilidad de sus pagos, un arma de doble filo al volver al pago en scrip, ya que también se dispara la dilución. Suponiendo que un 70% de los accionistas decidiese recibir el pago en acciones –en línea con lo que sucedió la última vez que usó esta fórmula– el número de acciones se elevaría el 3,3% en cada uno de los pagos, llevando la dilución al 6,2% –ver gráfico–. A esto habría que sumarle el cambio en la tributación del scrip, que ha perdido ventajas fiscales. En el caso de que se sostuviese la política de abonar el dividendo en papelitos durante un periodo prolongado tendría un efecto cada vez más pernicioso. Cada vez hay más acciones en circulación y, por lo tanto, se reparten más papelitos. Y, obviamente, cuantas más acciones hay en circulación más costoso será para la empresa volver a abonar sus dividendos en efectivo. Jose María Álvarez-Pallete declaró en rueda de prensa telemática que no se decidirá hasta el año que viene la política de dividendos de 2021.Ahorro en el pagoLa gran preocupación de los inversores con respecto a Telefónica en los últimos años se ha centrado en el nivel de endeudamiento. La operación anunciada en Reino Unido reducirá la deuda neta entre 5.500 y 5.800 millones de euros –ver página 26– y el pago de dividendo en acciones también ayudará a reducir la salida de caja.El ahorro para la compañía rozaría los 1.040 millones de euros en cada pago en caso de que todos los accionistas aceptasen el dividendo en scrip. Suponiendo que la aceptación fuese del 70%, la salida de caja en el primer pago estaría en torno a los 312 millones de euros, un ahorro de 727 millones. Asumiendo esta misma aceptación en el segundo pago, la salida da de dinero ascendería a 322 millones de euros –por el mayor número de títulos en circulación–, llevando el ahorro frente a la salida de caja que habría habido sin pagos en scrip al entorno de los 1.444 millones de euros. Eso sí, volver al efectivo tras estos pagos implicaría una salida de caja de 140 millones más al año por el aumento de títulos."Pensamos que se aúna el objetivo de dar todas las opciones al accionista y darle flexibilidad a la compañía. Consideramos que esto generará ahora mismo más valor", ha asegurado Álvarez-Pallete, a la vez que destacaba su compromiso con el mantenimiento de la calificación del grado de inversión por parte de las agencias de rating.