El Ministerio aclara las palabras del presidente Sánchez y reafirma la restricciónLa conferencia con los presidentes autonómicos del pasado fin de semana estuvo marcada por una petición empresarial a Pedro Sánchez por parte de algunas comunidades: la de poder retomar la contratación pública en los ámbitos que van más allá de la lucha contra el Covid-19. La voz cantante la llevó el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que puso sobre la mesa en el encuentro telemático la reivindicación que le habían hecho los contratistas de obra pública, según explicaron a elEconomista fuentes de la Junta de Andalucía.El Ejecutivo regional denuncia que el decreto del 10 de marzo que regula el estado de alarma "ha limitado muchísimo" la capacidad de contratación de Andalucía. "Consideramos que debe cambiar, porque la obra pública es importante para reactivar el sector de la construcción, y todas nuestras nuevas adjudicaciones están suspendidas por esta razón", detallaron. A la demanda del mandatario andaluz se unió el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y ambos se toparon de entrada con que el Gobierno negaba que se esté produciendo este escenario, según relató este martes el diario ABC.Al presidente Sánchez le preguntaron por esta cuestión en la rueda de prensa que ofreció este martes por la tarde, quien dio a entender que el veto se levantaba. No obstante, fuentes de Movilidad y Transporte aclararon a elEconomista que la restricción sigue siendo efectiva, con la excepción de las contrataciones para responder a la pandemia. Entre las razones que justifican esta restricción está que, debido a la crisis del Covid-19, no se puede garantizar "un proceso de contratación competitivo y en igualdad de condiciones para todos los ofertantes". Pero en la presente fase de desescalada son varias las autonomías consultadas por este periódico que consideran la reactivación de la obra pública como una palanca imprescindible para impulsar la actividad. Además de Andalucía (PP) y Cantabria (PRC), se pronunciaron en la misma línea regiones como la Comunitat Valenciana, liderada por el socialista Ximo Puig.Fuentes de la Generalitat Valenciana trasladaron que Puig ya hizo esta reclamación una semana antes, en la conferencia de presidentes previa. Además, subrayaron que se trata de una cuestión que no solo afecta a la obra pública: "La postura de la Generalitat es que, obviamente, somos partidarios de que las contrataciones se desbloqueen cuanto antes para poder seguir avanzando, ya que es algo que está afectando a todo, y a todas las consellerias", recalcaron.Desde el Gobierno vasco reclamaron que se permita ya la publicación de los concursos públicos, para avanzar en el proceso de adjudicación y que las empresas comiencen a prepararse para cuando se levante el estado de alarma. "Se está perdiendo mucho tiempo, porque si se permite la publicación de los concursos se avanzará en los trámites administrativos y se estará preparado para cuando se pueda comenzar a operar", señalaron. "Por ello -consideran- esta limitación de la contratación supone una clara ralentización para la actividad económica y su recuperación". En Euskadi, además de grandes infraestructuras como la alta velocidad, están afectados por la paralización proyectos en Educación, Salud, Vivienda y Desarrollo Económico.La Junta de Castilla y León ve también "conveniente" que continúen los procedimientos de contratación pública, pero siempre que se garantice que no se perjudica a terceros, ya que puede haber compañías que no estén en condiciones de concurrir. Asimismo, fuentes del Ejecutivo regional aseguraron que la tramitación debe hacerse mediante fórmulas que no menoscaben las condiciones de confinamiento.Carta a ÁbalosLa petición no solo ha llegado a Moncloa a través de los presidentes autonómicos. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha trasladado esta demanda al propio Ábalos en varias cartas, según fuentes de la entidad. Su objetivo es que el Gobierno modifique el real decreto para anular la suspensión de los procesos de contratación que quedaron paralizados. "Desde el 10 de marzo ni se licita ni se contrata en España", lamentan.