Las empresas trabajan en muchos casos a pérdidas por las medidas adoptadasEl Gobierno ha limitado al máximo las compensaciones que dará a las empresas que ejecutan contratos públicos. Para los proyectos suspendidos como consecuencia la declaración de estado de alarma ante la crisis sanitaria derivada del Covid-19, el Ejecutivo ha establecido una serie de indemnizaciones, pero para aquellos que han podido continuar con alteraciones por las medidas generales adoptadas por el estado de alarma, "los inconvenientes o perjuicios que se deriven de ellos para la empresa contratista no son resarcibles por la Administración contratante". Así lo señala un reciente informe de la Abogacía del Estado que da respuesta a las aclaraciones solicitadas por el sector de la construcción a la normativa que rige en materia de contratación pública desde el pasado 14 de marzo y en el que deniega las causas de fuerza mayor, como solicitaban las organizaciones empresariales.Las constructoras que siguen ejecutando obras y contratos de conservación han visto afectados sus trabajos en las últimas semanas por el estado de alarma como consecuencia de las medidas de seguridad que han implementado y de los problemas que han tenido en algunos casos con los suministros de materiales o con sus trabajadores.En esta línea, los contratistas han modificado los horarios laborales, adaptándolos a jornadas continuas o reducidas y han destinado más recursos a vehículos para el transporte de los empleados por las limitaciones de ocupación establecidas, así como para labores de vigilancia. De igual modo, han tenido que aplicar protocolos de distanciamiento entre los trabajadores y turnos escalonados de entradas y salidas, así como la dotación de equipos de protección individual (EPI) o material de desinfección tanto para el personal como para la maquinaria, entre otras actuaciones. A ello se suman los retrasos en el suministro de materiales como hormigón por la ralentización en la actividad de las fábricas. Todo ello está generando unos sobrecostes para las empresas y una caída del nivel de producción en el sector de la construcción que se sitúa en aproximadamente en el 70% del que había antes de la crisis por el coronavirus, según las estimaciones que manejan en las patronales. Un impacto que se produce, además, sin apenas variar los costes directos e indirectos que soportan. En muchos contratos, según explican directivos de varias constructoras consultadas, "estamos produciendo al 70% o 80%, con márgenes que además estaban muy ajustados porque son contratos que se adjudicaron hace dos o tres años y las bajas eran enormes". "Ahora mismo se está trabajando en muchos casos a pérdidas", coinciden.Todos esos sobrecostes serán asumidos por las empresas de construcción y servicios en aquellos contratos que han podido continuar. La Abogacía del Estado explica que en el caso de los contratos de servicios que no sea imposible su ejecución, aunque ésta se vea "alterada", los "inconvenientes o perjuicios que se deriven de ello para la empresa contratista no son resarcibles por la Administración contratante". "Lo anterior se justifica porque ese resarcimiento no está previsto en el RDL 8/2020 y porque tales inconvenientes o perjuicios derivan de medidas generales adoptadas por el Gobierno en una situación excepcional y que todos deben legalmente soportar en la medida en que a cada uno afectan", añade el informe. Para los contratos públicos que sí se han suspendido, se contempla compensaciones por gastos generales, pero no por otros específicos derivados del estado de alarma.