El Consejo de Ministros declarará hoy como días hábiles para las actuaciones judiciales realizadas entre el 11 y el 31 de agosto de 2020, excepto sábados y domingos, solo hábiles para asuntos urgentes. Así, se establece en el borrador del proyecto de Real Decreto-Ley de Medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. El real decreto ley, que regula los plazos de notificaciones y de actos procesales e incide en la presencia telemática en los procedimientos, sin embargo, cuenta con el rechazo del Partido Popular y del Consejo General de la Abogacía. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que el PP no apoyará el decreto del Gobierno para evitar el colapso de juzgados y tribunales una vez que concluya el estado de alarma, que el Consejo de Ministros quiere aprobar mañana, al considerar que se está violando el estado de Derecho, porque se quiere modificar con un Real Decreto-Ley una Ley Orgánica, superior en rango legislativo, y para cuya modificación son precisas mayorías cualificadas en el Parlamento. "Creo que hay que ser serios en estos reales decretos que se van presentando y el PP está dejando muy claro que el estado de alarma no es una alarma al estado", ha manifestado.Y ha subrayado que "demasiados poderes tiene ya este Ejecutivo como para intentar legislar aprovechando esta situación y presentar la ley por la eutanasia" o derogar algunas leyes laborales". Además, el ha afirmado que la "independencia en el Poder Judicial es fundamental".Fuentes del Ministerio de Justicia han mostrado su sorpresa ante la postura de Pablo Casado, y han señalado que el responsable de Justicia del PP, Enrique López, ha participado en las consultas de elaboración de la norma, al igual que otros representantes de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP.Por otra parte, el Consejo de la Abogacía, reunido en Pleno Extraordinario el domingo acordó su rechazo y oposición a estas medidas que, considera "ineficaces y perjudiciales para la buena marcha de la Administración de Justicia, así como lesivas para el ejercicio del derecho de defensa". La Abogacía propone concentrar las vacaciones de todos los profesionales de la Justicia en agosto, a salvo de las actuaciones urgentes, de modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento en julio y septiembre.