Cada comunidad exige unas reglas de juego distintas y complejas a las entidades foráneasmadrid. ¿Les suena la España de las autonomías, de la que tanto se ha hablado en los últimos meses? Es a la que podría tender el actual mapa nacional. Una España integrada por unas autonomías que tienen sus propias reglas de juego. Algo que ocurre y que les pasa factura a las cajas de ahorros en su propia naturaleza, la obra social. Esta amenaza ha llevado a este sector a hacer frente común y luchar contra los obstáculos que le impide ejecutar de forma práctica y rápida sus acciones sociales. El pasado viernes el sector reclamó uniformidad jurídica para que no existieran distintos modelos normativos autonómicos, con las asimetrías que provoca. Y exigieron que se terminara con las injerencias de las comunidades autónomas en la gestión de la obra social. ¿Por qué estas reclamaciones? Distintas cajas han mostrado su inquietud por las trabas burocráticas que se encuentran al salir fuera de su territorio tradicional. Desde una entidad indican que cada gobierno autónomo pide unos requisitos distintos, con mucho papeleo innecesario y exigencias de información de todo tipo. Unas normas de juego tan distintas dependiendo de dónde invierten que les obliga a tener contabilidades distintas en cada comunidad. En un territorio tendrá un presupuesto dependiendo de sus recursos ajenos captados, en otra según el volumen de negocio, incluso algunas comunidades lo condicionan al beneficio generado. Para rizar el rizo en este laberinto normativo, no todas las cajas entienden lo mismo por volumen de negocio o recursos ajenos. Y de las 17 comunidades autónomas, Extremadura y Castilla-La Mancha tienen fama de ser las más intervencionistas en la obra social de las cajas foráneas. Extremadura exige que el presupuesto se realice en base a los recursos ajenos obtenidos por la entidad en la comunidad y no computará como obra social los gastos o inversiones que no se concreten mediante convenios con la Consejería de Economía y Hacienda. Es decir, que no les queda otro remedio que llegar a convenios con el Gobierno regional para que les compute como inversiones. Junto a este requisito, Extremadura les pide una interminable lista de información, como volumen anual de recursos ajenos, recursos captados, el importe de los presupuestos de obra social de cada año y el cheque para invertir en Extremadura. En la otra cara, Madrid y Cataluña no ponen ningún requisito. Y, en medio, Galicia pide a las cajas foráneas que, anualmente, evalúen en qué medida los proyectos realizados han contribuido a mejorar la situación económico-social de la región.