Los fondos recibirán apenas el 5% de los 1.900 millones que reclamabanEspaña acaba de librarse de una pesada carga. El arbitraje que el Gobierno español mantenía en Uncitral contra un grupo de inversores fotovoltaicos prácticamente ha quedado en una sanción leve. Los fondos AES Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, Greenpower Partners, GWM Lux Energía Solar, HG Capital, Hudon Clean Energy, Impax Asset Managment, KGAL, GMbH-Co, NIBC Infraestructure Partners, Scan Energy & White Owl Capital, reclamaban al Ejecutivo un pago de 1.900 millones de euros pero finalmente apenas recibirán 90 millones de euros. Aunque se trata de la duodécima victoria de estos inversores el resultado está siendo más que favorable para los intereses del Estado.Herbert Smith, representada por Eduardo Soler-Tappa, frente a Allen & Overy, con J. Gill y J. Sullivan, uno de los despachos que se ha anotado un mayor número de éxitos en este tipo de enfrentamientos contra el Gobierno español, ha podido lograr una importante reducción en esta reclamación arbitral que se inició en marzo de 2013.España ha perdido un total de 12 arbitrajes de los más de 40 que tiene abiertos. El Gobierno afrontaba reclamaciones por 8.000 millones de euros que tras las decisiones que se están conociendo se van reduciendo drásticamente y dejando el riesgo en una cantidad notablemente inferior, que apenas llega a los 900 millones y además no ha realizado ningún pago puesto que está solicitando la anulación de todos ellos por la sentencia de la Comisión Europea que declaraba ilegales los arbitrajes de sociedades comunitarias.El Gobierno actual siempre ha planteado la intención de negociar un acuerdo pero, por el momento, se desconoce si ha habido o no negociaciones y únicamente se ha aprobado una retribucioón más favorable para aquellos que desistieran de seguir con este enfrentamiento.En concreto, el Ejecutivo aprobó el pasado mes de noviembre un Real Decreto-ley por el que establece la nueva retribución regulada de las renovables para los próximos 12 años, que les otorga una rentabilidad del 7,4%, la misma que ahora, excepto para aquellas instalaciones en manos extranjeras que hayan demandado al país y no retiren sus pleitos, que cobrarán un 7,1% hasta 2025 y luego alrededor de un 4,5%.PredictibilidadLa ministra para la Transición Ecológica, entonces en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es "dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas".